Territorio desbloquea el desarrollo del sector fotovoltaico tras la advertencia de la Abogacía

La Conselleria de Territorio ha desbloqueado 763 megavatios (MW) de parques renovables tras la advertencia de la Abogacía de la Generalitat y la amenaza de los promotores de reclamar 1.000 millones de euros por la pérdida de avales y el coste de los proyectos. La cifra implica aumentar de golpe un 33 % la capacidad actual de producción de energía verde de la Comunitat Valenciana y supone un avance en el objetivo fijado por el jefe del Consell, Ximo Puig, de llegar a 6.000 megavatios en 2026. La mayor parte de los 763 MW son de parques solares. Para poner en contexto la cifra hay que tener en cuenta que las plantas solares conectadas a la red en la C. Valenciana disponen de una potencia de 411 MW (los proyectos aprobados prácticamente la doblan) y en los últimos cinco años solo se había autorizado 50 MW.

Los proyectos todavía deben pasar por las consellerias de Economía y Medio Ambiente, pero ya han superado el cuello de botella de la Dirección General de Ordenación Territorial y Paisaje (controlada por Compromís y dentro de la Conselleria de Territorio) que llevaba dos años poniendo trabas. La consellera de Territorio, la socialista Rebeca Torró, pidió un informe a la Abogacía de la Generalitat para poner orden. El informe de la Abogacía rechazó las trabas y abrió las puertas a posibles reclamaciones patrimoniales de los promotores de los parques solares que se juegan avales e inversiones multimillonarias por la oposición a las plantas liderada por la directora general de Paisaje, Rosa Pardo.

Mil millones en juego

El Consell se está jugando mil millones de euros con el bloqueo de los parques fotovoltaicos proyectados en la Comunitat Valenciana. Un informe del bufete legal y fiscal Andersen, como adelantó Levante-EMV, advierte que los promotores pueden exigir al Consell los 300 millones de euros de los avales que han depositado para garantizar la ejecución de las plantas solares (garantía que impuso el Gobierno para evitar la especulación) y 700 millones del valor de los proyectos. La amenaza de hacer frente a las indemnizaciones también pesa sobre los funcionarios y altos cargos que hayan actuado de forma arbitraria.

Los proyectos deben pasar por Economía y Medio Ambiente, pero ya han superado el cuello de botella

Los impulsores de 452 plantas fotovoltaicas en la Comunitat Valenciana tienen hasta el 25 de enero para obtener los permisos de la Generalitat o perderán los avales a pesar de que el retraso no es culpa suya. No todas las plantas verán la luz porque algunos proyectos no cumplen los criterios medioambientales.

Bloqueo

La Generalitat mantiene que el bloqueo está en 64 parques fotovoltaicos que son más complejos de tramitar por su tamaño o por su situación geográfica (por ejemplo si están cerca de una zona de paso de aves) y asegura que van a estar listos antes del 25 de enero. De hecho, la Conselleria de Territorio insiste en que ya ha informado de "prácticamente la totalidad de los expedientes" que deben tener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) el 25 de enero.

Rebeca Torró

La consellera Rebeca Torró subrayó que gracias al informe solicitado a la Abogacía de la Generalitat que permite avanzar “con rigurosidad” en la tramitación de los expedientes, "se está llevando a cabo un trabajo coordinado dentro de los diferentes departamentos, con el firme compromiso de la Generalitat de avanzar en la implantación de energías renovables”.

La Comunitat Valenciana es de las regiones más atrasadas de España en el despliegue de renovables. Los parques renovables en funcionamiento en las tres provincias tienen una potencia de 2.357 megavatios (la mayoría son plantas eólicas). La Generalitat tramita los proyectos de menos de 50 MW (plantas pequeñas y medianas) y las macroplantas (que son las que están generando rechazo social) dependen del Gobierno. Los promotores valencianos han venido alertando de que por la oposición de Compromís a las fotovoltaicas que tramita la Generalitat se está primando las macroplantas que dependen del Gobierno. Los proyectos en tramitación tienen una potencia de 7.000 megavatios y conllevan una inversión de 5.000 millones de euros.

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