Las ITV valencianas piden alargar 15 meses la concesión tras la eliminación de las pruebas de ruido

El proceso de reversión pública del servicio de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunitat Valenciana se encuentra de nuevo en plena disputa. La asociación que integra a las empresas concesionarias de este servicio en la autonomía, Aecova-ITV, asegura que la decisión adoptada a finales de diciembre por la Conselleria de Economia que dirige Rafael Climent (Compromís) de eliminar la prueba de ruido ha abierto "un escenario de desequilibrio económico y una reducción de ingresos no contemplada" en el acuerdo que postergó hasta el 22 de febrero la gestión privada del servicio. Ante este impacto en el negocio, las ITV solicitan una prorroga adicional de 15,3 meses a ese plazo inicial "para poder compensar las pérdidas".

Según han denunciado desde la asociación en un comunicado esta mañana, este plazo surge del impacto que tendrá la supresión de la prueba, ya que el margen unitario por inspección "queda en 3,61 euros" y "con la previsión del IPC para el cálculo de costes estimados al 6 %" este tiempo extra resulta "necesario para recuperar los importes a compensar como consecuencia de la pandemia".

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Las ITV denuncian que eliminar la prueba del ruido recortará 300 empleos

En esta línea, desde Aecova-ITV han insistido en que la eliminación refleja una "falta de seriedad y una improvisación que puede desembocar en el colapso y el caos en la prestación del servicio público" y que además "provocará un ERE que afectará a 300 trabajadores". Por eso, desde la asociación reclaman "seguir negociando con el conseller de Economia poniendo sobre la mesa la verdad" al considerar que el fin de la prueba de ruido -la cual solo se realizaba hasta ahora en la Comunitat Valenciana dentro de España- se ha hecho de forma "unilateral y a escondidas" y que todavía hoy la Generalitat - a través de la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos (SVITV)- no está "preparada para afrontar con calidad la gestión de las ITV a partir del 23 de febrero".

Sin posibilidad de ampliar para la Administración

Pese a esta petición, el director general de la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos (SVITV), Josep Albert, ha explicado a este diario que "no hay prórroga posible" más allá de la acordada ya porque no hay "criterios técnicos que defiendan esa ampliación". En sus palabras, "no tenía sentido que los valencianos y las valencianas estuvieran pagando 11,25 euros que en el resto de España para realizar esta prueba", que además no estaba "incluida en el contracto inicial que las empresas concesionarias firmaron con la Generalitat" hace 25 años, sino que se añadió posteriormente. En todo caso, Albert ha destacado que, si las empresas concesionarias perciben un perjuicio económico por la decisión, tienen la opción de "hacer las reclamaciones oportunas y nosotros estimaremos si son adecuadas o no".

Además, respecto a la aplicación de esta supresión, el dirigente ha destacado que la intención de eliminar la prueba de sonido no es "nueva", porque se había anunciado ya la voluntad de suprimirla por parte del Botànic y, en este sentido, "quien lo ha acordado han sido Les Corts Valencianes, no yo o el conseller [Rafael Climent]".

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