El Consell aprobará una ley de renovables que exigirá menos garantías económicas a los inversores

La reforma legislativa que prepara el Consell para terminar con el atasco de las renovables acaba con las exigencias económicas que están frenando el desarrollo de las plantas fotovoltaicas en la Comunitat Valenciana. La Generalitat tiene intención de aprobar antes del 30 de enero un nuevo decreto ley de renovables que mejore la normativa aprobada hace casi cuatro años por el Consell del Botánic para impulsar el despliegue de parques fotovoltaicos y eólicos, y que en la práctica ha propiciado el bloqueo de 420 proyectos por su "ambigüedad" y requisitos "leoninos", según han denunciado en los últimos meses los promotores. El Consell va a equiparar la normativa a las del resto de autonomías del Estado, donde el desarrollo de plantas renovables ha cogido velocidad de crucero.

La reforma, según fuentes conocedoras del proyecto legislativo, se basa en cuatro grandes ejes: Eliminación de requisitos económicos a los promotores que hasta ahora solo se piden en la Comunitat Valenciana; fin de la revaluación exhaustiva de proyectos mejorados por los avances tecnológicos; refuerzo de la Administración con personal externo; y digitalización de los trámites. El objetivo de la Generalitat es tener listo el nuevo decreto ley antes del 30 de enero.

Fracaso del Botànic

La Generalitat liderada por Ximo Puig aprobó hace casi cuatro años el real decreto 14/2020, de 7 de agosto, con medidas que debían acelerar la implantación de instalaciones "para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica" tras el estallido de la pandemia. Fuentes del sector lamentan que en la práctica la normativa fue un fracaso porque estaba redactada de forma ambigua, situación que aprovechó Compromís para bloquear el despliegue renovable. Desde la entrada en vigor del decreto ley, en la Comunitat Valenciana solo se han conectado fotovoltaicas con una potencia de 90 megavatios frente a lo que ha ocurrido en Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura, donde en cada una se han desarrollado parques con 3.000 MW de potencia.

Legislación única

El problema de fondo es que la ley valenciana tiene requisitos que no se exigen en otras comunidades autónomas. El más gravoso para los inversores es la exigencia de que los promotores tengan el dinero listo para el desarrollo de los parques antes de la obtención de la licencia. "La justificación es que se hace para evaluar la solvencia económica de las empresas, pero imposibilita el desarrollo de parques. Es imposible que nadie te conceda la financiación sin la autorización. Hay grandes empresas con la máxima solvencia económica a las que requieren 30 millones en efectivo o el compromiso de financiación bancaria. Hay un montón de proyectos que están bloqueados por este requisito que solo se exige en la Comunitat Valenciana", aseguran las mismas fuentes.

Revaluación

La Generalitat también va a simplificar la revaluación de proyectos iniciados hace cuatro años y que se han modificado ante la mejora tecnológica de las placas solares. "Ahora hacen falta menos módulos fotovoltaicos porque ofrecen mejor rendimiento. Algunos promotores han reducido las hectáreas de sus proyectos porque con menos placas consiguen la misma potencia y les obligan a revaluar todo el proyecto. Esto no pasa en ningún sitio", añaden.

Además, el Consell va a reforzar el personal que tramita los parques con funcionarios de otros departamentos o con la ayuda de trabajadores externos procedentes de Tragsa o el Colegio de Ingenieros Industrial. De forma paralela, se va a digitalizar la tramitación para darle agilidad.

Suscríbete para seguir leyendo