Audiencia Nacional

Condenada por blanqueo la viuda del que fuera mano derecha de Mario Conde

La Audiencia Nacional ha multado a Aurelia Sancho, viuda de Arturo Romaní, con cerca de 2,8 millones de euros y confiscado sus cuentas en Liechtenstein

Evitará entrar en prisión si no comete un delito similar durante los próximos tres años

Mario Conde.

Mario Conde.

Alberto Muñoz y Tono Calleja Flórez

Aurelia Sancho, viuda de Arturo Romaní, el que fuera mano derecha de Mario Conde en el llamado caso Banesto, ha sido condenada como cooperadora necesaria de su difunto marido en un delito de blanqueo de capitales. Así lo ha decretado la Audiencia Nacional en una sentencia firme del pasado 26 de julio a la que ha tenido acceso El Periódico de España, de Prensa Ibérica, y en la que se establece que la esposa del que fuera vicepresidente del Banco Español de Crédito tendrá que pagar una multa de casi 2,8 millones de euros.

En esa misma resolución, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a Sancho a un año de prisión y a otros nueve meses más en caso de que no consiga hacer frente al pago de los 2.785.156 euros que constituyen la multa. Sin embargo, el tribunal ha determinado también que ambas condenas de prisión no lleguen a ejecutarse a no ser que reincida en un delito similar en el plazo de tres años.

Arturo Romaní, considerado la mano derecha de Mario Conde en Banesto y condenado por el Tribunal Supremo junto a él y otros altos directivos en el año 2002 por esquilmar el banco, ocultaba 3.653.225 euros mediante una fundación radicada en Liechtenstein, una suma que trató de introducir en España, según ha considerado probado la Audiencia Nacional.

Es por eso que, en esa sentencia del pasado 26 de julio a la que ha tenido acceso El Periódico de España, la Sala de lo Penal también ha dictaminado que se confisque el valor de las cuentas que Romaní y su viuda abrieron en Liechtenstein y que se mantienen a día de hoy. El país centroeuropeo mantiene bloqueadas al menos dos cuentas en dos bancos diferentes a petición de la justicia española, y, en total, hay 398.602 euros en ellas.

Introducir el dinero en España

Según ha considerado probado la Audiencia, Romaní, que falleció en enero de 2018 a los 75 años y que fue condenado a más de 13 años prisión, llevó a cabo junto a Mario Conde y otros directivos de la época una serie de operaciones con el dinero del banco a las que incorporó un sobrecoste. Según se supo entonces, esos fondos del llamado caso Banesto se desviaron hacia las cuentas de organizaciones instrumentales en Lietchenstein, país considerado por la Agencia Tributaria como un paraíso fiscal.

Una vez sacado el dinero, Romaní debía hacerlo volver a España bajo una apariencia de legalidad que no llamase la atención del fisco. Para ello, contó con "el conocimiento, el consentimiento y la plena voluntad" de su mujer, por lo que la participación de esta en el delito "ha de ser considerada a título de autoría", explica la sentencia del caso.

Esto, para la investigación, resulta sospechoso, pues existe una serie de movimientos que no se corresponden con los ingresos lícitos del ya difunto financiero. Por ejemplo, apunta la documentación de la sentencia, "en el año 2001 aparece como titular al 100% de un inmueble en Madrid con un valor catastral de 405.199 euros y que fue adquirido en 1994 que no se justifica con sus ingresos declarados". Oficialmente, el caso estalla ante la opinión pública un año antes.

Autora del delito

Por lo tanto, el papel de su mujer, Aurelia Sancho, habría resultado fundamental para ayudarle no solo a ocultar ese dinero en el extranjero a ojos de la justicia, que destaca la "complejidad" del entramado financiero, sino que también habría sido clave a la hora de poder reintroducirlo en el curso legal en España.

Por ello, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional destacó en un auto del pasado mes de octubre en el que admitía a trámite el procesamiento que Aurelia Sancho introdujo "el ilícito patrimonio conformado por su marido", con quien habría elaborado presuntamente "un plan conjunto para cambiar la titularidad de los bienes a favor de ésta, a fin de dificultar su localización" y así impedir que se recuperaran las sumas reclamadas en el procedimiento judicial.

"La ocultación permanente en el tiempo, y posterior introducción de los fondos en España, sólo fue posible con el conocimiento, consentimiento y plena voluntad de la misma, de tal forma que su participación en el delito ha de ser considerada a título de autoría, pues en el delito de blanqueo de capitales lo esencial es la realización de conductas tendentes, como se ha dicho, primero a la ocultación y, posteriormente, a la introducción de los fondos en el marco legal y los indicios existentes apuntan a que ello fue posible gracias a la intervención directa de la investigada y ello con independencia de si la misma fue la que elaboró el plan o de si, simplemente, aceptó el trazado por terceras personas", especifica un auto del pasado 28 de octubre adelantado por El Periódico de España.