Seis familias con nueve menores llevan sin agua desde septiembre en Benetússer

 Con garrafas de agua llenadas en la fuente del Ayuntamiento de Benetússer. Así “sobreviven” desde septiembre siete familias, entre ellas una madre con cinco hijos, otra con tres y otra con uno, en total nueve menores, en una finca ocupada en la calle Virgen del Socorro de Benetússer. Se trata de una finca de tres alturas, que está abandonada tras quebrar la inmobiliaria, pero que ahora mismo se encuentra en un limbo administrativo porque ni el propietario se hace cargo, ni tampoco pertenece a ningún banco. Las familias, todas en riesgo de exclusión y con falta de recursos, llevan ya un par de años viviendo en ese inmueble y su situación está regularizada desde servicios sociales. Dos de ellas reciben la renta mínima valenciana y todos están empadronados en la localidad y los niños escolarizados.

Dentro de la irregularidad de la situación, ya que viven enganchados tanto a la luz como al agua, estos inquilinos se encontraba en una situación normalizada hasta que el 9 de septiembre se detecta una fuga de agua que llega hasta la calle. La Policía Local alerta a la contrata de aguas potables y la empresa, en lugar de arreglar la avería, corta el suministro. Los ocupantes, ante tal situación, contactaron con la Koordinadora del Parke Alcosa, de Alfafar, ya que muchas familias vienen de esta localidad y han sido atendidas por este colectivo, y piden una reunión con la concejala de Bienestar Social, Carmen Albors, la Policía Local y la coordinadora de Servicios Sociales.

Allí se llega a un acuerdo por el que los ocupantes de las viviendas se comprometen, mediante escrito a reparar la avería, así como a realizar unas labores de mantenimiento y limpieza en la finca. “Sin embargo, una vez cumplida esta parte del pacto, desde el consistorio y desde la empresa de agua nos dicen que no pueden reponer el suministro sin la autorización del propietario, que ahora mismo está ilocalizable, algo que no es verdad porque en Valencia ha habido una situación parecida y basta con que la concejala o la alcaldesa mande un correo a la empresa autorizando la entrada, pero no quieren hacerlo”, señala uno de los portavoces de la Koordinadora.

Algo que reconoce la propia concejala. “Necesitamos una autorización judicial. Le hemos pedido a los vecinso que lo pidan ante le juez y así nosotros podemos entrar”, señala Carmen Albors, quien asegura que han intenatdo contactar con el propietario de la finca, “para que nos dé permiso para entrar, o llegar a un acuerdo para que nos ceda la propiedad y poder actuar, porque sufrimos por esas familias a las que estamos tratando desde servicios sociales desde hace tiempo”.

Es por ello, que desde el consistorio afirman que han solicitado a la EVHA dos alternativas habitacionales “para las familias que tenemos controladas desde servicios sociales”. La Koordinadora, por su parte, afirma que ha solicitado cuatro con los pertinentes informes de riesgo de exclusión social, “pero no entendemos porque no actúa ya el ayuntamiento ante una situación extrema donde debe priorizar el derecho al agua sobre cualquier cosa. Las familias están muertas de miedo porque temen que les puedan quitar a los menores, como es lógico no van a ir al juzgado”.

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Desde el colectivo afirman que la situación es insostenible. “No hay que olvidar que son personas vulnerables. De todos los que viven ahí solo hay una persona con trabajo regularizado, los demás van consiguiendo oficios temporales, sin cotizar. Los que tienen amigos o familia, llevan allí a los niños a que se aseen, pero imagina esa mujer sola con cinco hijos cargando todos los días garrafas de agua, así no pueden seguir”.