La posibilidad de que el Levante UD cambie de propietario pondría fin a cinco años y medio de control accionarial por parte de la Fundación Cent Anys, que en diciembre de 2009 compró el 70 por ciento del club gracias a un préstamo de 5,7 millones de euros avalado por el ayuntamiento de Valencia. Se ponía fin a un año y medio de continuos vaivenes en la propiedad de la sociedad «granota», con la aparición de empresarios de dudosa credibilidad que desfilaron sin ningún pudor por los despachos de Orriols. Todas las ofertas resultaron ficticias.
El 22 de febrero de 2008, Pedro Villarroel puso fin a más de una década como propietario del club „a través de la empresa Cofiser„ al vender sus títulos a su socio Julio Romero. Tres meses después, el Levante UD entraba en proceso concursal.
Un empresario andaluz de nombre Tomás Carmona y de dudosa reputación, apareció aquel verano en la órbita del club con la aparente intención de comprar las 93.000 acciones a Julio Romero. Fue el culebrón del verano sin final feliz. Carmona argumentó su retirada en un supuesta deuda que había dejado Villarroel.
Más rocambolesca fue la aparición de un grupo de Tomelloso. Al mediodía convocó una rueda de prensa que se pospuso a la noche por un presunto «estado de indisposición» de uno de sus miembros. «Venimos a ganar dinero en la Unión Deportiva Levante UD», dijo un tal José Antonio López Lara, mediador de la operación. Presentó a Jesús Serna, constructor, como comprador de las acciones y nuevo presidente. Los dos, junto a la hija del segundo, Ana Serna, se presentaron en la Junta de Accionistas de 2008, mientras el equipo se hundía ya en la clasificación de Primera, camino del descenso. La aventura del grupo de Tomelloso en el Levante UD duró tres meses. Desaparecieron sin dejar más rastro que una retahíla de mentiras. Ofrecieron el cargo de presidente a Quico Catalán. Se negó rotundamente.
La oportunidad inmobiliaria animó más tarde a otro don nadie de los negocios: José Rábade. Su protagonismo fue efímero, ya que la administración concursal ya había tomado cartas en el tema accionarial y solicitado al juez la inhabilitación de los directivos. Hasta que en diciembre de 2009, la Fundación, auspiciada por los administradores concursales, asumió las acciones.
