Antifraude da un mes a Benissa para tirar las obras ilegales de un exconcejal

La Agencia Valenciana Antifraude ha dado un ultimátum de un mes al Ayuntamiento de Benissa, gobernado por el PP, para que cumpla la orden de demolición de las obras ilegales realizadas por un exconcejal del PSOE en suelo no urbanizable. Además, le recuerda al consistorio que el hecho de que el infractor pagara la sanción (de 29.754 euros, pero reducida a 14.877 por pronto pago) no evita que actúe la piqueta. Las obras son ilegalizables y, por tanto, deben desaparecer del mapa.

La Agencia Antifraude recrimina al ayuntamiento que se cruzara de brazos. Sostiene que solo se movió cuando, a consecuencia de la denuncia de un particular, esta entidad de lucha contra el fraude y la corrupción en la Comunitat Valenciana empezó a solicitarle información. De hecho, la Agencia Antifraude asegura que por parte del consistorio hubo "inactividad inspectora" y "un retraso injustificado en el expediente de restauración de la legalidad urbanística".

El caso es que un "casup" agrícola de 57 metros cuadrados situado en una parcela de 5.361 m2 terminó convirtiéndose en un chalé con piscina. La Agencia constató durante la investigación que el dueño sí pidió y logró que el ayuntamiento le diera licencia para construir un cobertizo agrícola, un aljibe y una alberca de riego y para vallar el terreno y crear una puerta y un muro. Pero las obras no se ajustaron a eso.

El visor del Instituto Cartográfico de València evidenciaba que el "casup" existente se había ampliado en 132 metros cuadrados, que se habían levantado otra edificación de 24 m2 y una tercera de 15 m2 y que, además, se había construido una piscina.

Mientras, el expediente municipal de restauración de la legalidad urbanística reflejaba una ampliación de 90 m2 del edificio existente y la construcción de una pérgola de plástico y metal de 32 m2.

En cualquier caso, esas obras son ilegalizables. Están condenadas a la piqueta. La infracción urbanística está tipificada como grave. La investigación de la Agencia Antifraude incide en el daño en el territorio y el paisaje que causan estas obras realizadas en suelo no urbanizable común.

Así las cosas, ya ha comenzado la cuenta atrás para la demolición de estas obras realizadas por un exconcejal de Benissa. Si él no tira de "motu proprio" la ampliación, lo deberá hacer el ayuntamiento y pasarle luego la factura.