El rechazo al PAI de 488 casas de Llíber llega a Bruselas

El rechazo al PAI de 488 casas de Llíber ha llegado a Bruselas. Representantes de Salvem la Vall y de otros colectivos valencianos de defensa del territorio han acudido a la las instituciones europeas para advertir de la amenaza para el territorio y el medio ambiente que supone el actual "alud" de proyectos urbanísticos. Han pedido que se apliquen las directivas medioambientales comunitarias y se paralicen estos proyectos.

Este pasado martes, representantes de Salvem la Vall y de otros colectivos medioambientales se reunieron con eurocomisarios y eurodiputados para exponerles las consecuencias de los reactivados PAI y recordar aquella lucha que ya se libró hace unos años contra los "abusos urbanísticos" en la Comunitat Valenciana.

En el caso concreto del PAI de 488 casas de Llíber, Salvem la Vall ha denunciado "el incumplimiento sistemático de normativas europeas referentes al medio ambiente". Han aludido a figuras que preservan las montañas de la Marina Alta como la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), el paisaje protegido de la Serra de Bèrnia i del Ferrer o el paisaje de relevancia regional desde la Vall de Gallinera a Castell de Castells. Han precisado que todas estas figuras de protección están recogidas en el Convenio Europeo del Paisaje, ratificado por la Comunitat Valenciana en 2004.

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Los portavoces de Salvem la Vall han asegurado en Bruselas la empresa promotora, la VAPF, ha cometido en la aprobación del PAI "irregularidades" y ha contado con "la connivencia" del Ayuntamiento de Llíber. "Suponen una continuidad de las malas prácticas que ya han sido sancionadas por la UE gracias a los informes Fourtou y Auken", indica este colectivo.

El derecho a la participación

Salvem la Vall ha exigido la paralización del PAI y que se incorpore en la legislación europea el "derecho al consentimiento previo, libre e informado de la población ante cualquier intervención que afecte a la sostenibilidad, el paisaje, el agua y los recursos comunes". Esta asociación considera que hay derechos colectivos como el de disfrutar del paisaje que no deben convertirse en "mercancías especulativas".

Salvem la Vall asegura que los responsables europeos han expresado su preocupación por la posible vulneración de normativas de protección medioambiental y se han comprometido a dirigir una carta a las autoridades políticas implicadas "para que ejerzan presión para hacer cumplir las directivas europeas relativas al territorio, el agua y la protección de las especies y sus hábitats".