Cultura afirma que Sagunt ha incumplido obligaciones de la Ley de Patrimonio

La Conselleria de Cultura ha revelado que el Ayuntamiento de Sagunt "ha incumplido las obligaciones legales que establece la ley 4/98, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, ya que en la actualidad no existe un catálogo de protecciones y el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico tiene ya más de 20 años y no ha sido adaptado a la Ley actual». 

Así lo aseguraron desde la Dirección de Patrimonio después de las duras críticas lanzadas por el portavoz de Compromís per Sagunt y edil de Urbanismo, Quico Fernández, tras airear éste que los técnicos de la Conselleria de Cultura descartan modificar el Plan Especial de Ciutat Vella para permitir una implantación «puntual y provisional" de fibra óptica por las fachadas de las viviendas "hasta que las instalaciones subterráneas estuvieran terminadas», como reclamaba el ayuntamiento desde hace meses con tal de salvar ese obstáculo.

Fernández aprovechó para  denunciar las «contracciones» no de la Dirección Territorial que sustenta este planteamiento, sino de la Dirección General de Patrimonio «dirigida por la socialista Carmen Amoraga», «a la hora de hacer cumplir la normativa», ya que, según dijo, esa medida se impide en varias calles mientras se mantienen cables eléctricos por la fachada del Teatro Romano. «Llevamos desde septiembre esperando una respuesta. Volvimos a demandarla en diciembre y, al preguntar en la Dirección Territorial, nos han dejado claro que el informe técnico es desfavorable, cuando es un problema urgente para los vecinos y vecinas», explicaba a este diario, mientras en Cultura precisaban que aún no hay una resolución definitiva. 

A preguntas de Levante-EMV, desde la dirección general de Patrimonio justificaron luego este criterio resaltando que los técnicos de la Conselleria «no han descartado un plan factible» y recordando que «la instalación de cableado por las fachadas de los edificios de un Conjunto Histórico como es el caso de Sagunto está expresamente prohibida en el artículo 39 de la ley 4/98, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV).

La dirección general apuntaba además hacia el ayuntamiento, considerando que éste «debe disponer las instalaciones de este tipo soterradas para evitar la incidencia visual en un conjunto protegido». 

Así, además de asegurar «entender y lamentar el trastorno y malestar de los vecinos afectados», remarcan que «la LPCV prohíbe expresamente que el cableado esté en las fachadas y nuestra responsabilidad es aplicar esta ley». 

Junto a ello recuerda que esa norma no es nueva. «Esta ley está vigente desde 1998 y todos los municipios son conocedores que en los conjuntos históricos los cables no pueden ir por fachada», dicen además de apuntar que «otras ciudades han optado por soluciones compatibles con la ley que en ningún caso pasan por pedir a otra Administración que incumpla la ley que protege nuestro patrimonio».

Así, dejaban claro quién debe reaccionar ahora: «Cuando la concejalía nos presente un plan que solucione los problemas que sufren los vecinos que sea respetuoso con la ley, nos tendrá a su lado como siempre», recalcan.

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