El gobierno de Sagunt rechaza la llegada del barco saudí sospechoso de llevar armas

El gobierno municipal de Sagunt y su Consejo Municipal de Paz, Solidaridad y Cooperación han reiterado su "posicionamiento firme de rechazo a la llegada de la naviera saudí" después de hoy mismo haya atracado en su puerto comercial un barco sospechoso de llevar armas a la guerra del Yemen, según apuntan organizaciones antimilitaristas, ecologistas y pacifistas.

Tras reunirse hoy mismo con representantes del Centre Delàs d'Estudis per la Pau y SETEM Comunitat Valenciana, desde el gobierno municipal de Sagunt se ha instado que el Gobierno español "cese de inmediato la venta de armas a Arabia Saudí, en cumplimiento del derecho internacional, la posición común europea y la normativa estatal, y deniegue el atraque en puertos españoles a la naviera saudí Bahri".

Desde el consistorio gobernado por PSPV-PSOE, EU y Compromís también se ha pedido que "los cargos políticos competentes y las autoridades portuarias dejen de permitir la entrada a cualquier naviera que transporte armamento con destino a países en conflicto y que por tanto, puedan incurrir en un incumplimiento de la normativa internacional, europea y estatal sobre comercio de armas".

Igualmente, solicita que "el gobierno autonómico y los gobiernos municipales de la Comunidad Valenciana exijan a las autoridades competentes un uso ético y ajustado a derecho de las instalaciones portuarias valencianas".

También demanda que "las asociaciones sindicales de estibadores exijan el cumplimiento de la normativa internacional de transferencias de armas a las autoridades competentes; así como que se sumen a la negativa de participar en la cadena de suministro de armas a conflictos armados como el de Yemen, contribuyendo a la posible carga de armamento en el Puerto de Sagunto, u otros puertos españoles, en barcos de la naviera saudí, Bahri, siguiendo el ejemplo de otros puertos españoles y europeos como el de Bilbao, Francia o Italia".

Finalmente, exige al Gobierno español "un replanteamiento y una redefinición de sus políticas de defensa y seguridad. Los intereses económicos de la industria militar nunca deben estar por encima de la legalidad ni del sentir mayoritario de la ciudadanía, que se opone a las guerras. Las armas españolas no deben tampoco ser utilizadas como instrumentos de política exterior; y aún menos cuando esto supone muerte, violencia y daños irreversibles para millones de personas".

Desde el Centre Delàs d'Estudis per la Pau y SETEM Comunitat Valenciana han vuelto a recalcar su "profundo rechazo a la llegada de estos barcos que cargan armas con destino a países que hacen la guerra, como es Arabia Saudí, que lidera la coalición bélica que lleva a cabo la guerra del Yemen desde hace ya 8 años".

También recalcan que "los ataques saudíes han tenido consecuencias nefastas para la población civil y sus infraestructuras básicas, con dos tercios de la población necesitados de ayuda humanitaria y unas 10,3 millones de personas que requieren con urgencia algún tipo de asistencia como comida, atención sanitaria, agua potable y saneamiento y protección. Además, 3,3 millones de personas, entre ellas 2,1 millones de niños, se encuentran gravemente malnutridos".

A este añaden que " se han continuado enviando armas a Arabia Saudí, vulnerando de forma flagrante el Tratado de Comercio de Armas (TCA)", por más que "en 2019, el European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), Mwatana for Human Rights, Amnistía Internacional, la Campaign Against Arms Trade, el Centre Delàs d’Estudis per la Pau i Rete Pace Disarmo presentamos conjuntamente una Comunicación a la Corte Penal Internacional, reconstruyendo con precisión y detalle hasta 26 ataques aéreos saudíes contra civiles, en que se desplegó armamento europeo, en aparente violación del derecho internacional".

Así, recuerdan que "el artículo 2.2 del Tratado sobre comercio de armas recuerda que “las actividades de comercio internacional abarcarán la exportación, la importación, el tránsito, el transbordo y el corretaje”; el artículo 6, sobre prohibiciones, establece que “Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, ni de elementos comprendidos en el artículo 3 o el artículo 4, si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte”; así como el artículo 9 sobre tránsito o transbordo".

También resaltan que, en el informe oficial de estadísticas de exportaciones de material de defensa y doble uso del primer semestre del 2022, hecho público en febrero por la Secretaría de Estado de Comercio del Estado español, España autorizó la exportación de armamento por un valor total de 4.192 millones de euros, e hizo exportaciones por un valor total de 1.293,1 millones. Y destacan: "Arabia Saudí no sólo continúa siendo el primer receptor de armamento español, con 302,2 millones de euros (solo durante el primer semestre del año), un 23,4% del total, sino que se prevé que lo siga siendo, pues en el mismo período se autorizaron un total de 19 nuevas licencias de exportación por valor de 994,6 millones de euros", dicen destacando que "desde el 14 de abril las fuerzas contendientes se encuentran en negociaciones de paz, por lo que la llegada de nuevas armas podría erosionar este frágil proceso".