La falta de garantías económicas de Educación hace desconfiar a Sagunt

El gobierno local reclama la utilización de los canales oficiales para confirmar los planes del Consell con la inversión en el CIPFP Eduardo Merello

Desde Compromís exigen al conseller que deje de engañar a la comunidad educativa

Protesta frente al instituto Eduardo Merello a principios de semana.

Protesta frente al instituto Eduardo Merello a principios de semana. / Daniel Tortajada

Sagunt no se fía de los compromisos verbales de la conselleria de Educación con el instituto Eduardo Merello del Port y reclama la confirmación oficial de que se ejecutará en los plazos previstos, entre este año y 2027, la inversión de 13,5 millones para convertir la antigua escuela de Aprendices en un nuevo y flamante centro integral público de Formación Profesional (CIPFP).

El más contundente a la hora de expresar esta desconfianza ha sido Compromís per Sagunt que, a través de su concejala, Maria Josep Picó, acusa al conseller de Educación, Jose Antonio Rovira, de «engañar» a la comunidad educativa con la reclamada remodelación. La valencianista exige al Consell «decencia institucional» y la activación urgente de los recursos presupuestados en el Pla Edificant para la mejora del Eduardo Merello.

Protesta en el centro de FP Eduardo Merello del Port de Sagunt para demandar su ampliación

Daniel Tortajada

Desde el gobierno local, mientras, la reclamación se centra en la transparencia y la utilización de los cauces oficiales, después de que el Consell, en respuesta a las protestas de principios de semana, alegara que seguía adelante con el proyecto, como se comunicó, según aseguran, al director. A este respecto, desde el centro han declinado hacer valoraciones de esta sucesión de hechos y han emplazado tanto a la Generalitat como al ayuntamiento a tratar el tema en una próxima visita con motivo de la jornada de puertas abiertas del centro.

2,7 millones para este año

La principal exigencia desde Sagunt es que se garantice el presupuesto, que para este año ya tenía reservados 2,7 millones de euros, y los plazos, que contemplaban la finalización de las obras para 2027. Así, desde el ayuntamiento han remitido un escrito a Educación para pedir aclaraciones, porque no confían en las declaraciones a Levante-EMV, cuando el último paso oficial desde el Consell fue la suspensión de la delegación de competencias a favor del consistorio, para que se encargara de la redacción, aprobación y supervisión del proyecto constructivo, la contratación y la ejecución de las obras.

A este respecto, el concejal de Educación de Sagunt, Raúl Palmero, asegura que esos procedimientos estaban avanzados, hasta el punto de que «el personal municipal ya se estaba coordinando con el centro para adecuar la reforma a las necesidades de un CIPFP». 

Confusión

En un tono más contundente, Picó lamenta que «en lugar de ejecutar lo que estaba previsto, la Generalitat apuesta por la mentira y la confusión en contra de la educación pública, la comunidad educativa de Sagunt y el fortalecimiento de la oferta FP en pleno auge industrial. Ante el anuncio del conseller -añade la edila de Compromís- y sabiendo que la conselleria no tiene personal para tramitar las obras, ¿cuándo piensan iniciar la licitación? Porque si lo tienen que hacer ellos, desgraciadamente pasarán muchos años para ver alguna grúa».

La concejala de Compromís per Sagunt añade que «la forma más rápida y eficaz de llevar adelante la obra es que se encargue el ayuntamiento». Así, augura que «hasta que el conseller no anule la revocación de la delegación de competencias, la comunidad educativa de Sagunt no tendrá un CIPFP Eduardo Merello nuevo. Sin dudas».

Falacias

«Basta de promesas y falacias y que actúen en consecuencia. Que dejen el Pla Edificant como está y que lo finalicen, como anunció el señor Mazón -president de la Generalitat- en campaña. Nuestro país necesita continuar fortaleciendo la enseñanza pública y la dotación de mejores infraestructuras educativas contemplada en el Edificant es pieza clave para este objetivo. Es intolerable que se desprecie a la comunidad educativa», concluye Picó.

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