Opinión | TRIBUNA

A partir de 12 años

A finales del mes de octubre, una veintena de niños de entre 10 y 12 años fueron obligados a bajar del tren junto a sus monitores porque molestaban al resto de pasajeros. Los padres aseguraron que no ocasionaron ningún desperfecto y que, efectivamente, hicieron del viaje una fiesta. Una chiquillada sin mayor importancia.

Tal y como está redactada ahora la denominada «Ley Trans», a esa misma edad, 12 años, se le permite a un menor modificar el género sin el consentimiento de sus padres: basta la autorización de un juez. Lo sorprendente es que en un debate de esta complejidad, como lo es la edad para el consentimiento paterno o las consecuencias de decidir cambiar de sexo apenas se hayan oído voces expertas en materia de disforia de género. La excepción ha sido la Organización Médica Colegial de España que ha alertado de la necesidad de recurrir a informes médicos y psicológicos que aseguren una suficiente madurez.

El silencio de los colegios profesionales de pedagogos, psicólogos o de educadores invitan a creer que se sacrifica una posición determinada para evitar el enfrentamiento con el poder político y con las corrientes de opinión predominantes. Con esa actitud se silencian modelos y teorías que han profundizado en la investigación del comportamiento humano en la pubertad y adolescencia.

Obviamente es un tema muy complejo sensible que afecta a personas que merecen la empatía y la comprensión del resto de la población. De ahí el difícil equilibrio que lleva al enfrentamiento de las fuerzas políticas que impulsan la nueva norma. La Asociación de Feministas Socialistas ha puesto objeciones y en Compromís han llegado a obligar a firmar un documento a todos los candidatos.

Cualquier tratamiento debe estar fundamentado en una buena exploración clínica (anamnesis). Son propias de la adolescencia la negación de la autoridad como medio de autoafirmación, las indecisiones, la rebeldía, los cambios de actitud, el inconformismo... Argumentar que un diagnóstico médico-psicológico es una barrera o una amenaza para quien se plantea cambiar su identidad sexual es un error. Si las personas a quienes va dirigida esta ley así lo creen, es que hace falta una verdadera labor pedagógica alejada del ruido del debate político.

Hoy hemos de buscar una solución para las personas que necesitan de esta legislación. Querer trasladar a un juez la responsabilidad última no es la receta. Acaso sólo sirva al político de turno para lavarse las manos, y poco más. Escuchar a los expertos antes de tomar una decisión que será inalterable es el camino para equivocarse menos.