Opinión | tribuna

Poderes capturados

Se cuenta de un presidente chileno que acudía habitualmente al palacio de La Moneda caminando y que en el trayecto casi diariamente se encontraba con un amigo de la infancia con el que conversaba amigablemente de cosas intrascendentes. Después de unos años de reiterarse esta situación el presidente le hizo ver que era el único amigo que nunca le había pedido ningún favor, a lo que ese amigo le confesó: «No se preocupe querido amigo con sólo dejarse ver conmigo en este breve paseo ya es suficiente». Así de sutil y hasta inevitable se puede producir la captura del poder por personas interesadas.

La anécdota resume el hecho de que la mera aproximación a aquellos que tienen la capacidad de tomar decisiones ya es suficiente para capturar en beneficio propio a los responsables políticos, ejemplo que resulta aplicable en los dos casos más recientes de corrupción. Pensar que solo se produce la captura mediante el soborno directo, maletín en mano, es ser demasiado crédulo. Los regalos, las dádivas, los halagos, los apoyos mediáticos, las coincidencias oportunas, el uso de contactos comunes, las fiestas, sean bodas, bautizos o comuniones y los encuentros íntimos, también pueden ser oportunidades de captación para crear lazos de confianza y complicidad. Por eso hay que aplicar un muy estricto régimen en el compadreo para discernir, mediante alertas y un régimen de integridad pública, los acercamientos naturales de aquellos forzados e interesados.

Que los corruptos a los que se persigue van más rápidos que los honestos es una evidencia y también lo es que, por muchas normas que se aprueben, siempre encontrarán el resquicio para eludir controles, puesto que lo que impera en un sistema capitalista es la falta de integridad como cultura que puede impregnar todas nuestras acciones. En todo caso, y remitiéndome a los estudios del profesor Manuel Villoria, hay algunos elementos básicos que se repiten en los casos de corrupción.

El primero y más obvio es que con sus acciones van a enriquecerse entendiendo por tal no sólo incrementar la cuenta corriente sino también su calidad de vida o posición social. Aunque sea una obviedad, cuando el estado ha de disponer de importantes cantidades de recursos económicos, es cuando se pueden dar estos hechos de captura de los poderes públicos y, por tanto, cuando deben aplicarse métodos de alerta rigurosos. El segundo componente es que se interponen tramas, más o menos complejas, de empresas y personas que, con su conocimiento o sin él, beneficiándose o no, con el objetivo de que resulte difícil establecer las relaciones para salir bien parado. El tercer componente, y es el más importante, remite a las debilidades administrativas e institucionales que permiten, cuando no favorecen, actos de captura del poder. Los últimos casos de corrupción relacionados con la compra de material sanitario lo evidencian y debería ser motivo de estudio el por qué, el cómo y, sobre todo, cuáles son las debilidades administrativas, normativas y/o institucionales que lo han permitido o favorecido. Es por esto que, cuando se dan situaciones tan excepcionales, los métodos de control y de gestión han de estar bien engrasados e integrados en la gestión cotidiana para que no resulten una carga más en la ya compleja gestión de la propia emergencia. Esta reflexión remite a la actual emergencia habitacional pues los poderes públicos han manifestado su voluntad de realizar inversiones multimillonarias. Por ejemplo, el Plan VIU anunciado por la Generalitat Valenciana que promete una inversión de 7.326 millones de euros para la construcción de 10.000 viviendas –hagan las cuentas de gasto por vivienda— debería ser ocasión para activar las alertas aunque nos encontramos con modificaciones legislativas por parte del Consell que van el sentido contrario.

El hecho de que durante la emergencia sanitaria en las propias instituciones o en sus alrededores hubiera personas que vieran la «oportunidad» de beneficiarse de ella ya es, en sí mismo, una debilidad sistémica, igual que lo es el hecho de que no existan en nuestra extensa, densa y en ocasiones incompresible Ley de Contratos, mecanismos para hacer contrataciones en esas situaciones excepcionales, con controles ágiles y para una ejecución transparente. En todos los países europeos existen casos comparables a lo sucedido en España aunque a diferencia está en el desarrollo de nuestra democracia que cuenta con demasiadas debilidades institucionales consecuencia, entre otros motivos, de que tengamos tantos asuntos abiertos sin resolver tras cincuenta años de transición a la democracia lo que ha desplazado el asunto de la integridad pública al cajón de los asuntos por desarrollar. Y de esos lodos estos polvos.