Otro pleito heredado obliga al gobierno alzireño a pagar un millón a un promotor

La venta de un solar municipal en el barrio de Les Basses en los años del «boom» inmobiliario ha regresado 18 años después como un bumerán en forma de sentencia que reconoce al comprador el derecho a rescindir el contrato suscrito en el año 2006 con el Ayuntamiento de Alzira, al que obliga a devolver los 647.000 euros que ingresó en su día más los intereses correspondientes desde que se formalizó la venta, que elevan el importe ligeramente por encima del millón de euros, a la espera de la negociación que pretende entablar el gobierno municipal para establecer las condiciones de pago en ejecución de sentencia. De entrada, el presupuesto de 2024 que la coalición de gobierno tiene previsto aprobar el lunes cumple con el mandato de contemplar una partida de 647.000 euros para hacer frente al capital principal. 

En este ínterin de casi 18 años transcurrido entre el contrato de compra-venta y la sentencia que avala la rescisión, otra resolución judicial a favor de un vecino colindante que reclamaba un derecho de paso por este terreno cambió el escenario. Las expectativas del mercado tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria tampoco eran ya las mismas y, de hecho, apenas se han construido nuevas promociones en Alzira desde aquella crisis.La perspectiva de que este sector periurbano se revitalizará con fuerza con la construcción del centro comercial de Vilella que en aquel momento se proyectaba al otro lado de la CV-50 también desapareció al frustrarse el proyecto, del que solo queda una estructura de hormigón en venta.

Precios del «boom»

El origen de esta «bomba» de efecto retardado que ha llegado al Ayuntamiento de Alzira se remonta al año 2006, cuando el consistorio sacó a subasta tres parcelas de esta unidad urbanística localizada entre la calles Trinidad Redal y Ausiàs March y adjudicó a una empresa promotora el solar de 602 metros cuadrados objeto del litigio por 647.000 euros. Los precios estaban disparados en los años previos a la crisis.

El lindante logró que se reconociera que existía una servidumbre ocho años después de la compra-venta

Los servicios jurídicos del ayuntamiento confirmaron que en el momento que se realizaba la venta la parcela estaba libre de cargas y gravámenes, pero la propietaria de un inmueble que linda con el solar consiguió ocho años después de la formalización de esta compra-venta que los tribunales le reconocieran una servidumbre de paso. Con esta sentencia en la mano, el comprador del solar municipal, que todavía no había edificado, solicitó la resolución del contrato de compra-venta alegando que la parcela no estaba exenta de cargas. 

El ayuntamiento argumentó que no había actuado de mala fe ya que no existía constancia de esa servidumbre y que por ese motivo formalizó la venta, y el juzgado de primera instancia de Alzira rechazó las pretensiones del comprador, que recurrió la sentencia inicial. La Audiencia de València, no obstante, ha revocado ese fallo con una resolución que obliga a resolver el contrato, lo que implica que el ayuntamiento recupera la propiedad de la parcela y tiene que devolver los 647.000 euros ingresados por esta operación, más los intereses generados desde que se formalizó la venta hace 18 años.

El proyecto de presupuestos municipales de 2024 contempla una partida con este importe para atender el pago. La estimación de intereses eleva el importe total ligeramente por encima del millón de euros. Con todo, el concejal de Hacienda, Andrés Gomis, señala que la recepción de esta sentencia es reciente -se dará cuanta de la misma a la corporación en el pleno ordinario de la próxima semana- y que se han entablado contactos con la empresa para concretar el importe total y cómo se va a pagar, y señaló que, de momento, «está todo abierto». 

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