UGT denuncia el "abandono" del juzgado de paz de Carcaixent y pide el traslado del personal

El área de Serveis Públics de UGT-PV ha denunciado mediante un escrito dirigido al Ayuntamiento de Carcaixent la falta de mantenimiento del edificio que alberga el juzgado de paz y ha reclamado soluciones para frenar el deteriorio de estas dependencias y asegurar un entorno laboral óptimo tanto para las trabajadoras y trabajadores como para las personas usuarias.

Según informa el sindicato, personal técnico del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Generalitat (Invassat) visitó el pasado miércoles el Juzgado de Paz de Carcaixent para revisar y evaluar las condiciones básicas de mantenimiento del órgano judicial.

Según incide UGT, la última revisión que se hizo fue en septiembre del 2015 y, desde entonces, “ninguna de las acciones pendientes se han llevado a cabo, lo que pone de manifiesto una grave dejación y abandono por parte del consistorio municipal”.

Primera planta sin ascensor

El edificio, inaugurado en 1982, se ubica en la primera planta y sin ascensor, lo que dificulta el acceso de personas con movilidad reducida o personas mayores, lo que dificulta aún más la realización de trámites básicos como fes de vida o fes de estado.

UGT detalla entre las deficiencias que algunos extintores están sin señalizar; alerta de que la luminosidad en algunos puestos de trabajo no es la adecuada según la normativa, que los dos botiquines existentes están vacíos o que algunas estanterías están sin anclar, lo que puede provocar algún accidente inesperado. Por otro lado, afirma que el personal carece de formación básica en primeros auxilios y/o emergencia sanitaria, según la normativa. Todas estas carencias fueron apuntadas por Invassat en el 2015, pero que nueve años después no se ha llevado a cabo ninguna acción al respecto.

El sindicato considera muy preocupante el estado de las instalaciones del edificio y las condiciones en las que trabaja el personal. Para Guillermo Sisternes, delegado sindical de UGT, que estuvo presente en la visita del Invassat, la solución inmediata pasa por trasladar al personal a un nuevo edificio judicial, en el que estén en mejores condiciones laborales de seguridad.

UGT advierte de que la responsabilidad recae sobre el ayuntamiento, encargado de la infraestructura y de proporcionar los medios materiales adecuados.

Por otra parte, el sindicato denuncia que la plantilla actual cuenta con solo tres funcionarios: un gestor en funciones de secretario, una tramitadora y un auxilio judicial, número “insuficiente” si se atiende a la carga de trabajo existente y al número de habitantes con los que cuenta la población (22.000 habitantes aproximadamente). Hasta hace poco contaban con cuatro funcionarios, pero la dirección general de Justicia decidió prescindir de un tramitador. El secretario pidió un refuerzo y se ha denegado. UGT ha solicitado a la dirección general un refuerzo para el segundo semestre del año.