Vecinos de Beniarjó pagan vigilancia para evitar la okupación de un edificio

Hace una semana la comunidad de propietarios contrató a un guardia durante las noches ante el temor de que accedan a un piso

De las 19 viviendas cinco pertenecen a particulares y el resto a la Sareb, entidad a la que exigen que actúe

El edificio de Beniarjó donde los vecinos han contratado a un vigilante para evitar okupaciones ilegales.

El edificio de Beniarjó donde los vecinos han contratado a un vigilante para evitar okupaciones ilegales. / Levante-EMV

Sergi Sapena

La comunidad de propietarios de un edificio construido en 2009 situado en Beniarjó se ha visto obligada a contratar a un vigilante de seguridad para evitar que, durante las noches, los okupas accedan a uno de esos pisos y, como resulta muy habitual, comiencen a generar problemas de convivencia.

Esa ha sido la insólita decisión de los cinco propietarios que viven en otros tantos pisos del inmueble situado en la esquina de las calles Joan Rico y Vicent Andrés Estellés, quienes en las últimas semanas han detectado al menos cinco intentos de entrar en las viviendas que permanecen vacías, todas ellas propiedad de la Sareb.

«No hemos tenido otro remedio porque esta es una situación desesperada y nos sentimos absolutamente indefensos», señala el presidente de la comunidad mientras muestra a este periódico los desperfectos causados en el cristal y la cerradura de la escalera, consecuencia del último intento de okupación.

Uno de los problemas que padecen estas cinco familias es la falta de respuesta de la Sareb. En el inmueble hay 14 viviendas de este organismo semipúblico que no ha respondido, hasta el momento, a las peticiones para que ponga rejas en las ventanas de la planta baja y adopte otras medidas para que las viviendas puedan ser vendidas o alquiladas en condiciones legales a personas y familias. El temor a las okupaciones ilegales ha llevado a los residentes a plantear que se tabiquen las ventanas más accesibles o a colocar rejas, puertas de seguridad y alarmas.

«Llevamos meses intentando contactar con la Sareb por tierra, mar y aire», indica el presidente, como también han hecho el abogado de la comunidad y la alcaldesa de Beniarjó, Eva Llinares, de momento sin respuesta.

Las denuncias interpuestas cuando han detectado un intento de okupación, en un caso incluso sorprendiendo a los autores in fraganti reventando una puerta, al menos han servido para que tanto la Policía Local de Beniarjó como patrullas de la Guardia Civil de Oliva estén ahora más pendientes y controlen que en el inmueble no se cuele nadie que no tenga derecho a ello. Hasta el mismo ayuntamiento ha trasladado públicamente a todos sus vecinos que eviten dar información sobre la existencia de viviendas vacías a personas que no conozcan.

El edificio de las calles Joan Rico y Vicent Andrés Estellés se construyó en plena época de la burbuja inmobiliaria y los pisos comenzaron a venderse en 2009. La promotora iba tan bien que incluso inició justo al lado otro inmueble que quedó paralizado a medio construir. Poco después llegaron los problemas económicos derivados de la imposibilidad de vender las viviendas construidas, lo que al final acabó con la quiebra. Como en tantas otras ocasiones, el banco que había financiado a la empresa se quedó con todo el edificio que, a su vez, pasó a la Sareb, una sociedad que ha intentado vender miles de propiedades embargadas a las constructoras y a los bancos a consecuencia de aquella crisis.

Los propietarios este edificio de Beniarjó, como los de muchos otros lugares, siguen sin entender por qué tantos años después no se ha podido normalizar la situación en el sentido de vender o alquilar los pisos a familias, y tengan que convivir a diario con el temor de que alguien, de forma ilegal, los okupe para un fin que no sea el de vivir cumpliendo las mínimas normas establecidas y les acabe por acarrear muchos problemas.

La Sareb: "No podemos hacer nada"

Puestos en contacto con la Sareb, este organismo señala a este periódico que las viviendas de este edificio de Beniarjó todavía no han sido entregadas por la autoridad judicial, de manera que ni se pueden poner a la venta ni se puede entrar para adoptar medidas. En ese embrollo judicial "ni siquiera podemos poner alarmas", añaden desde la Sareb, que no pueden aportar una fecha concreta sobre cuándo se producirá la entrega de los pisos y, a partir de ese momento, adoptar las medidas que piden los vecinos.