Gandia reclama a la diputación concluir la excavación en la fosa de los fusilados

El Ayuntamiento de Gandia ha puesto toda su esperanza en la Diputación de València para poder proseguir, y terminar, el trabajo de excavación de la fosa común en la que, la pasada primavera, se encontraron los esqueletos de las personas que fueron fusiladas tras la guerra civil en el cementerio de esta ciudad.

La esperanza, en realidad, está puesta en la vicepresidenta Natàlia Enguix, la única diputada de La Vall ens Uneix, el partido de Jorge Rodríguez, porque en varias ocasiones, la última de ellas hace apenas dos semanas, garantizó recursos económicos a los ayuntamientos y asociaciones de familiares que siguen buscando a los represaliados del franquismo.

El caso concreto de Gandia tiene una particularidad que obliga a poner mucho más dinero. Como ha venido informando este periódico, el pasado 30 de marzo, después de buscar en varios lugares, se halló la fosa a la que fueron arrojados los 62 republicanos fusilados entre 1939 y 1940, de los cuales seis fueron sacados en años posteriores para ser enterrados en otros lugares. De los restantes, 27 esqueletos ya han sido exhumados en una árdua labor de la empresa Arqueoantro, pero no se puede seguir el proceso porque la fosa se ha topado con un bloque de nichos construido hace cuarenta o cincuenta años cuya estabilidad estaría en riesgo si se excava en el subsuelo.

La cuestión, por lo tanto, consiste, en primer lugar, en saber si es posible prolongar la excavación mediante un sistema seguro o si no hay más remedio que esperar, a saber cuántos años, para demoler una parte del bloque de tumbas y entonces acceder a la fosa de los represaliados.

Una y otra opción requiere una inversión que será mucho más cuantiosa que las que se han requerido hasta ahora para sacar los cuerpos, a los que se accedió con mucha facilidad porque quedaron debajo de uno de los pasillos del cementerio.

Alícia Izquierdo, concejala de Patrimonio, un departamento que en esta legislatura ha incluido el área de Memoria Democrática, ha señalado a este periódico que, en las actuales condiciones, no está previsto excavar bajo el bloque de nichos salvo que el ayuntamiento consiga financiación. Y ahí, añade Izquierdo, es donde pone su confianza en lo expresado varias veces por la diputada Natàlia Enguix. «Escuché sus declaraciones y en unos días la invitaremos a visitar el cementerio de Gandia para que conozca directamente la situación en la que nos encontramos», señala.

La concejala gandiense considera que, a la vista del mapa político configurado a partir de las elecciones municipales y autonómicas del pasado mayo, la diputación es «la única institución en la que nos podemos amparar», al sospechar que la entrada de Vox en el Consell de la Generalitat acabará con las ayudas que la institución autonómica también estaba concediendo para encontrar, identificar y enterrar dignamente a las miles de personas que Franco fusiló tras la guerra civil, muchas de los cuales siguen siendo buscadas por sus familiares, generalmente nietos y biznietos.

Alícia Izquierdo señala que ya ha informado de la situación a Núria Martín, presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas del Franquismo de Gandia, que, junto al ayuntamiento, ha promovido la búsqueda y celebró el hallazgo de los cuerpos. Obviamente, esta entidad pide que, siempre que sea posible, la excavación se mantenga y pueda llegar hasta el final con la exhumación de los esqueletos, tratar de identificarlos y entregarlos a sus familiares.

A la espera de la decisión judicial y del Gobierno de España

El hallazgo de la fosa de los represaliados del franquismo en el cementerio municipal de Gandia incluyó una sorpresa mayúscula que se resume en la «judicialización» de los fusilamientos realizados en ese lugar entre 1939 y 1940. El titular del juzgado de instrucción número 1 de la ciudad decidió abrir un expediente de investigación cuando los familiares, al ser informados de que se había dado con restos humanos, acudieron a formular denuncia, como es preceptivo por tratarse de un supuesto crimen.

Visto que aquellos hechos ocurrieron hace 80 años, visto que ninguno de los autores materiales de los asesinatos sigue vivo y de que no hay forma de juzgar por crímenes prescritos, nadie duda de que esta «investigación» judicial quedará archivada cuando se disponga de toda la documentación disponible, pero en el ayuntamiento, y también los familiares de las víctimas, siguen esperando el carpetazo judicial.

Mientras esa decisión se produce, la fosa de Gandia también puede decidirse en Madrid, porque del Gobierno de España que se configure en los próximos meses dependerá que se mantengan ayudas económicas para la recuperación de cuerpos de represaliados.

En cuestión de Memoria Histórica y en la financiación pública de proyectos para seguir recuperando cuerpos de represaliados arrojados a fosas comunes o en cunetas existe un abismo entre los dos bloques que aspiran a gobernar España.

En la derecha, Alberto Núñez Feijóo, que se someterá a la investidura esta próxima semana, requiere el apoyo de Vox para gobernar, y esta formación de ultraderecha y nostálgica del franquismo siempre ha criticado el proceso para cerrar el capítulo de la represión desatada tras la guerra civil. 

En la izquierda política, si Pedro Sánchez consigue el objetivo después del previsible fracaso de Feijóo, su gobierno, apoyado por Sumar y formaciones políticas de izquierda y nacionalistas, mantendría las políticas, y los recursos, para buscar, identificar y enterrar los fusilados.