Oliva descubre prácticas irregulares en el concurso de los chiringuitos de playa

Varias empresas con vínculos familiares, algunas creadas poco antes del concurso público, presentan oferta económica para adjudicarse uno de los populares y concurridos chiringuitos veraniegos de la playa de Oliva. En una estrategia común, presentan cantidades económicas «escalonadas», de manera que, en cualquier momento, los representantes de esas mercantiles pueden ir renunciando a las más elevadas, adulterando competencia de otras empresas que aspiran al mismo local. Al final, ese establecimiento se adjudica por un canon muy inferior a las expectativas de recaudación del ayuntamiento.

Así es, groso modo, la maniobra descubierta en el proceso de pujas para los diez chiringuitos de las playas de Oliva que tuvo lugar la pasada primavera, que se resume en propuestas que sumaban más de dos millones de euros, de los que solo se ha recaudado la mitad. Los «beneficiarios» son las empresas que actúan fraudulentamente y el perjudicado es el interés general representado por el ayuntamiento.

Había sospechas de que eso estaba ocurriendo desde hace años, pero un recurso presentado por una empresa ha permitido escrutar el procedimiento y ha obligado al ayuntamiento a reaccionar. 

Un escrito revelador

El recurso de la mercantil que se sintió perjudicada es absolutamente revelador. Tres empresas, presuntamente conveniadas y con claros vínculos familiares, ofrecieron 42.644, 66.644 y 200.000 euros por el mismo chiringuito a sabiendas de que la otra mercantil, la recurrente, tenía un especial interés en quedarse esa instalación. De manera que durante la puja definitiva la denunciante tuvo que elevar su oferta hasta los 204.000 euros para ser el titular de la instalación veraniega. De no haberlo hecho, las otras empresas habrían podido encadenar renuncias y así quedarse el chiringuito por solo 42.644 euros.

Ante esta situación, y esa es la gran novedad, la perjudicada no se quedó de brazos cruzados. Vio claramente que se trataba de «proposiciones económicas vinculadas» que reciben el nombre de «prácticas colusorias» y que, a raíz del recurso administrativo, han sido certificadas por los técnicos municipales. Descubierto el pastel, un decreto del concejal de Contratación, Joan Mata, ha determinado la exclusión de ese «grupo de empresas» y consiguientemente ha rebajado de 204.000 a 61.822 euros el importe que tiene que abonar la mercantil ganadora. La queja le ha permitido ahorrarse 142.178 euros.

Ahora bien, un análisis realizado en otros chiringuitos que abren en la playa de Oliva lleva a pensar que esas «prácticas colusorias» han sido lo más habitual a la hora de pujar por su gestión. Empresas acabadas de crear, integradas por hijos, cónyugues, otros familiares o amigos con los que previamente se diseña la estrategia optan a la gestión y, en la mayoría de las ocasiones, consiguen su objetivo, perjudicando al Ayuntamiento de Oliva, que tiene la obligación de conseguir la mayor recaudación posible.

Un ejemplo es otro chiringuito al que optaron ocho empresas «diferentes», varias de ellas presuntamente involucradas en la «práctica colusoria». Hubo ofertas de hasta 164.000 euros por quedarse el establecimiento, pero al final se adjudicó por solo 18.000, lo que se puede recaudar en un buen fin de semana de asistencia al negocio.

En otro caso hubo cinco aspirantes que ofrecían hasta 284.000 euros pero se adjudica finalmente por 55.000 porque, otra vez, las mercantiles van renunciando, aun a sabiendas de que su retirada les hará perder los diez mil euros de fianza. Así logran el chiringuito por la menor cantidad económica posible, justo lo contrario de lo que pretende la Administración.

El Gobierno local ordena la investigación de todas las adjudicaciones

El Ayuntamiento de Oliva ha ordenado abrir un proceso de investigación, denominado de «actuaciones previas», para determinar si, como ha ocurrido en uno de los chiringuitos, se han producido irregularidades en la adjudicación de los otros nueve situados en sus playas.

Así lo ha señalado el Gobierno local a requerimiento de este periódico tras el recurso interpuesto por una empresa que ha permitido revelar prácticas fraudulentas y obligado a rectificar a la baja el canon económico que ha tenido que pagar la mercantil.

El Gobierno local también ha querido dejar claro que todo este proceso se tramitó antes de las pasadas elecciones municipales, que los pliegos que rigen el contrato de los chiringuitos «prevén mecanismos para garantizar la adecuada licitación» y que, «todos estos mecanismos han sido aplicados». Entre ellos figura la fijación de una fianza de 10.000 euros a cada aspirante, cantidad que se incauta directamente el ayuntamiento en el caso de que se produzca una renuncia a la propuesta presentada. De hecho así ha ocurrido en muchísimos casos durante el concurso de la pasada primavera, que se ejecutó por un periodo de cuatro años.

El Gobierno local también revela que, además del recurso aceptado, hay otro proceso judicial abierto por un particular y que ya se ha remitido al juzgado toda la documentación que ha requerido.