Las causas que sitúan a Gandia entre las ciudades más caras para alquilar vivienda

El precio vuelve subir entre el 12 y el 20 por ciento en 2023 y ya resulta difícil hallar inmuebles por menos de 600 euros

Los expertos señalan que la nueva ley de vivienda no ha hecho más que agravar el problema

Muchos propietarios cierran pisos por temor a impagos de personas o familias vulnerables o con ingresos escasos

Un edificio de viviendas de Gandia, donde el precio del alquiler sigue absolutamente desbocado.

Un edificio de viviendas de Gandia, donde el precio del alquiler sigue absolutamente desbocado. / Levante-EMV

Sergi Sapena

Durante el pasado año 2023 el precio del alquiler de vivienda subió en Gandia un 21,8%, según datos de Fotocasa, lo que sitúa a la ciudad como la tercera en el índice de incremento en la Comunitat Valenciana, por detrás de Vila-real y de Orihuela. Siendo sorprendente, el dato es aún más significativo si se tiene en cuenta que en los cinco años precedentes la subida ha estado siempre por encima del 10%, lo que ha convertido a Gandia en una de las ciudades más caras para alquilar.

Si bien gerentes de varias inmobiliarias reducen ese incremento anual unos puntos, situándolo entre el 12 y el 20 por ciento, con el máximo en los apartamentos vacacionales especialmente de la playa, todos coinciden en que la causa principal es el déficit de viviendas para alquilar. Ayer uno de los principales portales inmobiliarios ofrecía solo siete viviendas, y todas en la playa o el Grau, por menos de 500 euros. Y una búsqueda por las inmobiliarias constata lo complicado que resulta hallar pisos por menos de 600 euros que tengan entre 70 y 90 metros cuadrados, estén en buenas condiciones y dispongan de ascensor.

La falta de viviendas para alquilar que genera esa escalada espectacular en el precio también tiene sus motivos. Por una parte, como recuerda Javier Rocher, gerente de una inmobiliaria, está la alarmante parálisis en la construcción. En los últimos 25 años prácticamente no ha habido promociones públicas, y las privadas se han visto reducidas a la mínima expresión.

Además, la ley de vivienda que entró el vigor el año pasado no ha hecho más que agravar el problema porque ha reducido la rentabilidad de las inmobiliarias en esas operaciones. El resultado es que estas empresas dejan de lado el mercado del alquiler y se centran en la venta. Otro efecto es que muchos propietarios se sienten indefensos ante posibles impagos de los inquilinos y temen sufrir problemas con quienes viven en sus casas, especialmente a personas o familias vulnerables o que no acreditan ingresos suficientes. De manera que cientos de inmuebles que podrían ofrecerse a los demandantes están cerrados, alimentando esa imparable escalada en los precios que, como ya señalaron expertos a este periódico, está «expulsando» a familias a municipios cercanos a Gandia, donde, por una parte, la vivienda es algo más barata pero que obliga a gastos en movilidad.

«Si no se construyen más viviendas públicas y hay más promociones privadas este problema no se va a solucionar», concluye Javier Rocher.

El ayuntamiento intenta medidas para paliar el problema

El Ayuntamiento de Gandia, consciente del problema de acceso a la vivienda que sufren miles de personas, ha impulsado en los últimos años numerosas medidas para aumentar el parque de pisos y tratar de paliar la situación.

Entre estas figura la puesta a disposición de promotores y constructores de 20 parcelas municipales para la promoción de vivienda asequible, tanto en régimen de propiedad como de alquiler, con tres opciones. La venta del suelo, la concesión por un periodo de entre 50 y 70 años o el pago del terreno con viviendas construidas.

En segundo lugar, se está adecuando vivienda municipal vacía con fondos propios y planes de regeneración para ponerlas en régimen de venta y alquiler. De la misma manera, se ha adquirido vivienda en construcción en manos de la Sareb u otros propietarios para sacarla al mercado.

Y entre las últimas decisiones figuran bonificaciones de impuestos a la construcción de pisos y la posibilidad de hacerlo en un «modelo híbrido» que incluya vivienda de renta libre y protegida en la misma parcela municipal.

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