La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha ordenado sentar en el banquillo de los acusados al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, una decisión que ya no tienen recurso posible y que deja al número dos de Rita Barberá al borde de la dimisión. Lo acusa de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, tráfico de influencias y falsedad de documento oficial, todo ello por la contratación, a través de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, de las dos ediciones de la Valencia Summit con el instituto Nóos, cuyo presidente era Iñaki Urdangarín.
La resolución de la Audiencia de Palma se ha adelantado a la fecha prevista, el 7 de mayo, en plena campaña electoral, por «razones de orden interno» y ha venido a ratificar un primer pronunciamiento del 7 de noviembre de 2014 por el que ordenaba al juez José Castro la imputación de Grau.
Castro, pese a esta orden, dejó a Grau fuera del auto de apertura de juicio oral al entender que la Fundación Turismo Valencia siempre había actuado como entidad privada y sin quejas de los grupos municipales. Decía, así mismo, que la iniciativa del contrato fue de Cacsa (Ciudad de las Artes y las Ciencias) y que la Junta de Patronos le había dado su beneplácito colegiadamente.
El Grupo Socialista, sin embargo, insistió en su función de acusación popular y recurrió de nuevo a la Audiencia de Palma, que ha retomado su primera argumentación y lo ha vuelto a acusar, esta vez no para imputarlo sino para sentarlo directamente en el banquillo de los acusados.
En su auto, los magistrados precisan que no hay dudas sobre el carácter público de la fundación y aseguran que «las dudas sobre qué normativa regulaba la contratación de Turismo Valencia eran susceptibles de ser despejadas por el señor Grau. El indicado fue el impulsor de la concertación y participó en la misma tanto de modo activo como por omisión pese a ostentar una posición garante de los fondos públicos que manejaba la fundación», añade.
Más bien creen que «la fundación se refugiaba en la naturaleza jurídica privada para burlar las normas de contratación, las cuales, cuanto menos a partir de marzo de 2005, le eran de obligado cumplimiento».
Participación de Rita Barberá
La audiencia tampoco acepta como argumento jurídico el hecho de que ningún grupo municipal se opusiera, «máxime „precisa„ cuando constan mociones, posteriores al año 2005, requiriendo que la fundación actuara como ente de derecho público»
En cuando a la iniciativa del contrato, los jueces no creen que haya que atribuirla a Cacsa. «La participación del imputado „dicen„ deriva tanto del compromiso económico del Ayuntamiento como porque para llevar a cabo el proyecto era necesaria la participación del consistorio y ésta estaba ya comprometida desde el momento en que Rita Barberá remite a Urdangarín y Diego Torres a la fundación Turismo Valencia y a Cacsa».
Los magistrados discrepan, por último, de que las decisiones las tomaran los patronos, basándose principalmente en la declaración de uno de ellos, Juan Carlos Gelabert, entonces presidente de la Federación de Hostelería, quien en su primera declaración aseguró que «el director hacía la presentación y decía lo que era más conveniente, y él siempre tenía que decir que estaba de acuerdo».
En conclusión, la Audiencia de Palma estima el recurso de los socialistas y ordena enjuiciar al vicealcalde de Valencia, que tiene 20 días para presentar su escrito de defensa. Ya no hay recurso posible, especifica el auto, por lo que todos los grupos de la oposición le han pedido que cumpla su palabra y, llegado este momento, abandone el cargo.
La oposición ataca
El portavoz del PSPV, Joan Calabuig, ha emplazado al líder del PP, Mariano Rajoy, a que «aclare» si Grau y Rita Barberá «deben ir en las próximas listas electorales» porque «en el auto de Palma se indica claramente que quien inspiró y tomó las decisiones fundamentales en este proceso fue Barberá y ella es la responsable».
También el portavoz de Compromís, Joan Ribó, lamentó que tengamos «un gobierno municipal preocupado por las decisiones judiciales y una alcaldesa entre la espada y la pared», mientras que el portavoz de EU, Amadeu Sanchis, instó a dimitir al vicealcalde, pues esta imputación «obliga a Grau a hacer efectivas sus palabras cuando dijo que en el caso de que esto ocurriera procedería inmediatamente a dimitir».
Alfonso Grau, por su parte, no quiso hacer declaraciones ante «tanta ida y venida» de su imputación. Fuentes municipales aseguraron igualmente que el vicealcalde está «tranquilo» a la espera de decisiones.
