El Ayuntamiento de València intentará liquidar el próximo año el convenio de la Tabacalera, un embrollo urbanístico y jurídico que, por lo pronto, en 2023 le costará a los valencianos 6,7 millones de euros. Esa es la cantidad que se va a proveer en los presupuestos municipales del año que viene para dar cumplimiento, al menos en parte, a la sentencia judicial que anuló el citado convenio urbanístico y la permuta de la fábrica de tabacos por el edificio municipal de la plaza de América suscrita en 2006 por el gobierno de Rita Barberá y la promotora Guadalmedina (Igsa). La suma prevista por el ayuntamiento en los presupuestos municipales de 2023 corresponde a la mitad del valor que abonó la constructora de la familia Ballester en su día por la recalificación del suelo para uso residencial en el entorno de la fábrica y en el solar municipal de la plaza de América, entregado a cambio de la fábrica de tabacos (actual edificio municipal y sede consistorial).
La empresa pagó en su día cerca de 14 millones de euros por la edificabilidad asignada a la manzana, pero como solo ha podido desarrollar la mitad el ayuntamiento le devolverá la parte no construida. Lo hará ahora en metálico (seis millones de euros), descartando así un nuevo intento de trasladar la edificabilidad a otro punto de la ciudad, tras el fiasco en Penya-roja. El ayuntamiento también compensará con 700.000 euros el mayor valor dado en su día al solar municipal de plaza de América en las tasaciones. En suma 6,7 millones con los que el ayuntamiento liquidará al menos en parte el convenio, que quedará pendiente de la expropiación, sin fecha prevista, de la parcela edificable en la trasera de la Tabacalera, que se destinará a zona verde, aunque tendrá que expropiarse en función al valor de los precios de mercado residencial del entorno, y donde el ayuntamiento ya da casi por seguro un nuevo pulso judicial con la promotora.
La moratoria de las expropiaciones toca a su fin
Guadalmedina podrá solicitar la expropiación de la parcela a partir de enero próximo, cuando acabará la moratoria que la Generalitat viene aplicando a las expropiaciones rogatorias, instadas por los propietarios de suelos destinados a dotaciones públicas, que sangran a los ayuntamientos, entre ellos el de València. En los seis años de moratoria, prorrogada en varias ocasiones, de las expropiaciones, el ayuntamiento ha revisado varias parcelas para incluirlas en unidades de ejecución evitándose así el coste de la expropiación que ha generado pingües beneficios a muchos particulares. La moratoria, vía ley de Acompañamiento, a las expropiaciones rogadas ha supuesto para el consistorio un ahorro cercano a los 200 millones de euros.
Guadalmedina solicitó en mayo pasado ante la Sección Primera de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la ejecución de la sentencia que en 2016 anuló el convenio de la Tabacalera. La petición llegaba tras la sentencia que anuló, a petición de los vecinos de Penyaroja, la permuta del suelo edificable del entorno de la fábrica y actual ayuntamiento a la avenida de Francia. La empresa reclamaba una indemnización de casi 50 millones de euros por la fábrica y los terrenos permutados sin consumir incluidos en la permuta impulsada en su día por el gobierno de Rita Barberá. Una petición que la concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, rechazó de plano recriminando a la promotora que intentaba dar un "segundo pelotazo" con la operación inmobiliaria.
Los vecinos de Penyaroja que ganaron la sentencia contra el traslado de la edificabilidad a una parcela dotacional ubicada frente a sus casas recordaron esta semana que en su día se justificó la permuta de la edificabilidad porque el ayuntamiento tendría que pagar 54 millones de euros a la constructora si no lo hacía. La cifra de compensación se ha ido reduciendo hasta llegar a los 6,7 millones que ahora pretende pagar el consistorio para liquidar el convenio.
