València

Benimaclet: El realojo de los migrantes se atasca por la falta de pisos

Buena parte de los afectados carece de permisos de trabajo por tanto no se les puede adjudicar una vivienda pública

La fábrica abandonada de Benimaclet

La fábrica abandonada de Benimaclet / German Caballero

José Miguel Vigara

José Miguel Vigara

La petición de que los migrantes alojados en la antigua fábrica de Benimaclet sean realojados en pisos de alquiler social asequible, ha complicado el posible traslado de los temporeros a un lugar más digno, a corto plazo pero sobre todo a medio y largo plazo. El Ayuntamiento de València les ha comunicado que no tiene pisos sociales disponibles para facilitarles y les ha dicho que deberá ser la Generalitat, mediante la EVHA, la que proporcione estos recursos, en las viviendas que tenga disponible en el barrio de La Coma de Paterna o en Sagunto, en el Baladre.

En la reunión celebrada en el centro municipal de Servicios Sociales de Benimaclet, por parte de las organizaciones humanitarias, se puso sobre la mesa esta opción, que ahora es la preferida por los africanos de La Garrofera. Sin embargo, la negativa de los afectados a trasladarse a un albergue municipal -aunque sea con horarios flexibles y un lugar para dejar sus enseres- ha creado un problema social y administrativo de más calado.

Una gran parte de estas personas, que malviven sin agua, luz ni sanitarios, en la fábrica en ruinas, no tiene permiso de trabajo ni la documentación en regla. Esto, según han confirmado fuentes de la Conselleria de Vivienda, los sitúa fuera del escudo previsto por la administración autonómica para atender casos de extrema vulnerabilidad social ya que no hay manera oficial o administrativa de que puedan optar a una vivienda social asequible, por la vía ordinaria.

Aunque el departamento autonómico dirigido por el vicepresidente Héctor Illueca ha mostrado su predisposición a ayudar al consistorio y a estas personas, lo cierto es que tampoco tiene tantas viviendas disponibles para ofrecerles. Desde la Conselleria, subrayan que aunque se está mejorando y ampliando el parque de vivienda pública, sigue habiendo carencias.

Por ende, aún no tienen constancia oficial les haya convocado a una reunión el próximo 15 de diciembre para tratar el problema de los migrantes de Benimaclet.

En este caso, fuentes consultadas por Levante-EMV, concluyen que para abordar una adjudicación de viviendas extraordinarias a estos migrantes, debido a su situación administrativa y sumado a su situación socioeconómica, "se debería trabajar en un plan integral de intervención que lleve aparejado una alternativa habitacional". Este plan integral tendrá que pactarse y acometerse con los propios afectados y las organizaciones que les apoyan, pero ante todo, entre las administraciones implicadas, el Ayuntamiento de València, pero también la Dirección General de Inmigración, entre otros estamentos. En todo caso, el albergue municipal es una solución que a corto plazo no se puede descartar porque estas personas viven en condiciones infrahumanas y con vistas a la llegada del frío, sería una manera de proporcionarles un alojamiento temporal de calidad.

La Federación Africana rechaza "la alternativa del albergue"

La Federación Unión Africana España, Casa África, ha emitido un comunicado en relación al problema de infravivienda que sufren los migrantes de Benimaclet, que malviven en la antigua fábrica de leche de este barrio de València. En esta nota de prensa, esta organización señala que los africanos alojados en este inmueble en ruinas "rechazan la alternativa del albergue" municipal, que les ha ofrecido el Ayuntamiento de València; por una serie de motivos y consideran que la mejor alternativa para ellos: " es que el ayuntamiento pudiera mediar para que tengan un alquiler que podrían pagar ellos mismos".

Según esta ONG, los ghaneses afectados por el desalojo de la fábrica "consideran que el albergue es un parche y no es la solución tanto por el horario como por otros elementos colaterales como su situación administrativa irregular o la temporalidad". Este grupo de migrantes que el consistorio tiene censados en 27 personas y los propios afectados elevan a 40, presentan situaciones particulares diferentes. "Algunos tienen tarjeta de residencia y trabajo y están trabajando y pueden pagarse un piso. Lo único es el obstáculo que encuentran con el racismo inmobiliario que no les permite tener pisos de alquiler". Por eso, "quieren que se les apoye para tener pisos".