El insólito caso de las Naves de Guatla

Ono tan insólito. La periodista Hortensia García recogía días atrás las declaraciones del Alcalde Joan Ribó «haré lo imposible para que no se haga», tras asumir el fracaso del cambio de planeamiento con el que pretendía resolver el problema de Tabacalera, definitivamente zanjado tras sentencia judicial. Si «lo imposible» es recurrir a indemnizaciones millonarias -en el caso de Guatla, la responsabilidad patrimonial es del orden de los sesenta millones de euros- con cargo al erario público, desde aquí me permito aconsejar soluciones posibilistas que pasan por reconocer la legalidad urbanística vigente y la necesaria seguridad jurídica en la materia, consensuando con la propiedad soluciones arquitectónicas razonables.

Soy autor de un dictamen de parte que establece no sólo la valoración patrimonial de las naves sino también las irregularidades detectadas en el largo proceso administrativo (empezó en 2021 con la solicitud de Licencia de Obras y Actividad) para la construcción de una Residencia Universitaria machaconamente calificada como «macrohotel», sobre un suelo urbano residencial, compatible con el uso pretendido, sin protección patrimonial alguna sobre los inmuebles existentes, calificado así sin lugar a dudas en el Plan General de Ordenación Urbana de València. Literalmente concluye: «El Conjunto fabril, Pilar Casanova, para el tejido y trenzado del yute, construido en 1935, sito en la calle Guatla n. 3 de la ciudad de Valencia, carece y debe carecer de cualquier nivel de protección patrimonial, a excepción de la que corresponde, de forma genérica por su datación, al panel cerámico Nta. Sra. de la Cabeza. Por el Ayuntamiento de València debe procederse a la concesión de la Licencia de Derribo solicitada y posteriormente a las de Nueva Obra y Actividad, siempre que los respectivos proyectos cumplan con toda la normativa concurrente, ya que desde el punto de vista patrimonial el antiguo conjunto fabril no está sujeto a más limitación que la que consta en el parágrafo anterior para el panel cerámico de 1935». Redactado y entregado a la propiedad con antelación a que el asunto se tratara en el Consell Valencià de Cultura a petición del Ayuntamiento (por lo que, naturalmente, me inhibí de intervenir en ningún momento en el Informe Institucional), y también con anterioridad a que se pronunciara la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, el resultado no difiere de las conclusiones colegiadas de ambas instituciones. Lo que -no lo oculto- me satisface plenamente y me reafirma en mi posición individual. Claro que la misma no es emocional, ni mucho menos simplemente legalista. Pese a las legítimas aspiraciones de la Asociación de Vecinos de Zaidía que reclama equipamientos y a la voluntariosa argumentación de mi colega Diana Mustieles que sin citar autorías ni datos precisos, obviando otras circunstancias relevantes, concluye considerando que -aún extemporáneamente- el conjunto merece la Declaración de Bien de Relevancia Local (BRL), ni uno sólo de los documentos extraídos del Archivo Histórico del propio Ayuntamiento (y a mayor abundamiento, de la tesis doctoral del arquitecto Antonio Gil) permiten establecer tan arriesgada propuesta. El conjunto es un trabajo a muchas manos, cuya construcción se dilata durante más de cuarenta años desde el primer proyecto redactado por Gómez Davó en 1935. Intervino después, en 1941 y 1955, José Luis Testor, y finalmente, en 1977 el estudio de arquitectura de Pablo Navarro y Julio Trullenque. De un análisis somero de esa evolución arquitectónica y constructiva se deduce que el conjunto fabril es de autoría diversa y larga cronología.

Y si algo es común a los tres proyectos es su modestia, tanto formal como presupuestaria. Así lo evidencian las memorias constructivas y de materiales que obran en el archivo y evito citar aquí con detalle. Pero el tema ha trascendido la lógica, la razón y evidentemente, la expertización, para colarse en la precampaña electoral y entre oscuros objetivos partidistas, anunciando un destrozo no sólo en la tesorería municipal (quizás se piense que serán otros los que correrán con la factura) como confiesa Ribó, sino también en el interés inversor y productivo en la ciudad de València.