"La Generalitat tiene que impedir esta estafa en Sociópolis"

Muchos llevaban una década viviendo en la «isla» de Sociópolis, el barrio singular de edificios altos de diseño con huertos urbanos y uno de los símbolos del urbanismo del anterior gobierno del PP que quedó paralizado y a medio hacer por la crisis de 2008. Otros han llegado más recientemente. Como sea, los más de cien vecinos de la torre de viviendas de VPO de Sociópolis se exponen a ser desalojados en menos de un mes si la Conselleria de Vivienda no llega a un acuerdo con el Grupo Ática, propietario del edificio, para hacerse, en ejecución del derecho de tanteo y retracto, con la propiedad del mismo. «Es la única solución» que barajan los vecinos afectados, algunos familias con menores en situación de vulnerabilidad, que de un día para otro pueden verse en la calle. «La Generalitat tiene que impedir esta estafa», asegura Rosa Julia, una de las afectadas, enfermera jubilada que ahora paga 550 euros de alquiler.

A pesar de que el barrio de Sociópolis (ahora «Habita La Torre») está aislado, apenas tiene conexiones con el transporte público, no tiene comercios, ni farmacias y menos dotaciones o servicios básicos, sus habitantes disfrutan de un entorno tranquilo rodeado de huerta al que no quieren renunciar. Los precios asequibles del alquiler en La Torre han atraído a nuevos vecinos hasta esta zona que ahora, ante la reactivación del sector y donde ya se han retomado algunas promociones, incluida la inacabada torre de viviendas públicas de la Generalitat, han puesto los ojos los fondos inversores. El nombre del fondo que ha hecho la oferta de compra a Ática no ha transcendido. Los vecinos aseguran sentirse «indefensos» y «desinformados». Confían en que la Generalitat llegue a un acuerdo con Ática, el grupo que preside el empresario valenciano Vicent Llácer, para adquirir esta torre de viviendas de diseño singular con vistas a la huerta circundante.

La Generalitat está dispuesta a asumir la compra del inmueble igualando la oferta de compra de 18,8 millones de euros que Ática tiene sobre la mesa. Los inspectores de la Conselleria de Vivienda visitaron este jueves los pisos para comprobar el estado de conservación, las calidades y la situación de sus inquilinos. «Nos han preguntado si el edificio está bien insonorizados y aislado, el alquiler que pagamos y han hecho muchas fotos», explicaron los vecinos a este diario. La conselleria les ha informado de que en una semana se conocerán las valoraciones y se podrá confirmar si la Generalitat compra o no el edificio. Si el acuerdo no prospera, el secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, y el Ayuntamiento de València les han informado de que mediarán con el nuevo propietario para que mantenga a los actuales inquilinos.

«Quieren que nos vayamos para poder alquilar por el doble», apunta uno de los vecinos afectados, que explica que con su nómina de 1.300 euros y el actual alquiler de 500 euros llega justo a fin de mes. La opción si pierde su piso de dos habitaciones en Sociópolis sería «una habitación de alquiler». «Si nos echan nos iremos a una tienda de campaña», apunta Sandra, madre soltera con un niño de tres años que perdió su trabajo de barrendera por un problema de salud y que ahora vive de la renta social.

En la torre de VPO de Sociópolis viven varias familias de inmigrantes con menores de distintas nacionales, desde rusos y ucranianos, hasta venezolanos. «La convivencia es buena» y hacen frente común para que no les expulsen de su casas una vez vencido el plazo de diez años de los contratos con opción de compra de las viviendas. Además de que muchos no podrían asumir los desorbitados precios fijados en los contratos (330.000 euros por pisos de 90 metros), la propiedad tampoco les ha dejado ejercer el derecho y ha preferido, en un momento de déficit de suelo residencial en la ciudad y boom de los alquileres, vender todo el edificio a un fondo de inversión. Los vecinos deben dejar sus casas el 4 de marzo.

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