Dentro de los Bloques Portuarios: "Aquí no se vive, aquí se resiste"

Propietarios residentes, no residentes, alquilados, okupas, asociaciones vecinales, sindicatos y políticos fijan posiciones ante la futura voladura de un edificio que nadie echará de menos

Una enorme colmena de hormigón pegada al mar da alojamiento a más de 300 personas. | FERNANDO BUSTAMANTE

Una enorme colmena de hormigón pegada al mar da alojamiento a más de 300 personas. | FERNANDO BUSTAMANTE / claudio moreno. valència

claudio moreno. valència

De ratas y butrones. Nadie vive por capricho en el último edificio del Clot. Su entorno privilegiado no ha impedido la degradación de unos bloques abocados al derribo. Propietarios y okupas describen un paisaje de ratas y viviendas con butrones. Pero se conforman día a día mientras esperan el derribo porque no conciben otra alternativa. 

Algún día se hablará de los Bloques Portuarios en pasado. Nadie llorará al último edificio del Clot. Una colmena llamada Grupo Ruiz Jarabo, diseñada por Antonio Tatay y construida en los años cincuenta para dar cobijo a los trabajadores del Puerto. 12 escaleras y 14 pisos por escalera; un total de 168 viviendas que el ayuntamiento abandonó a su suerte porque taponaban la prolongación de Blasco Ibáñez. Desde entonces esta isla de hormigón a 300 metros del mar está condenada al derribo. Y vive en una permanente cuenta atrás.

Dentro de los Bloques Portuarios: «Aquí no se vive, aquí se resiste»

Tomás vive en un alquiler de la EVHA desde hace 20 años y vende cartelería valenciana en el rastro. / Fernando Bustamante

El lunes 12 de febrero descontó otro minuto. La alcaldesa visitó el solar donde serán levantados los dos edificios para propietarios —junto a la discoteca Akuarela— y conoció los detalles del proyecto, inspirado en la huerta valenciana y la estructura reticular del Cabanyal. Son 60 viviendas de realojo, una solución parcial, pues portuarios se compone de 91 pisos privados y 77 públicos repartidos entre los que recibió la EVHA del Ministerio de Vivienda y los adquiridos por el consistorio y la entidad semipública Plan Cabanyal para llevarlos a demolición. En suma, viven más de 300 personas, de las cuales un 40% son okupas y solo una veintena tiene título en propiedad.

Los bloques suscitan intereses y sensibilidades contrapuestas. El propósito es recogerlas todas. Al encuentro con Catalá se acercó Chelo, de Sedaví, que en 2004 heredó un piso en portuarios y nunca ha vivido en él, aunque sabe cuando se lo okupan porque cuelga ropa de su ventana. Ha ocurrido dos veces, y en las dos ha ganado el juicio instando al desahucio. «Vivían enganchados al alumbrado público y dejaron el apartamento inservible. Me parece perfecto que derriben esto. Ya está bien de este foco de insalubridad en València», celebra, y sospecha que residir allí es peligroso por la hostilidad en sus incursiones. «Cuando he ido con los agentes judiciales nos ha tocado llamar a la Policía Nacional».

Pedimos que se repartan a las personas con problemas por toda València, dicen en la asociación del Cabanyal"

Según se les ha a los propietarios, el derribo les dejará tres alternativas. Permutar su vivienda por un piso de la zona. Tasar su inmueble y recibir el dinero correspondiente. O descontar esa tasación del coste del edificio de realojo —algo que de momento interesa al 35% de las familias—. Chelo elige la segunda opción, quedarse con el dinero. «No sé cuánto nos darán, hace años se nos dijo que la idea era pagarnos por el coste del metro cuadrado de suelo. En la última opción hay que ver la diferencia entra la tasación y el coste del edificio de realojo, porque es obra nueva junto al Cabanyal y el barrio se está quedando como zona VIP de València». Fuentes expertas estiman que las viviendas de realojo se venderán por unos 180.000 euros.

Preocupa la diferencia entre la tasación del piso y el coste del edificio de realojo", explica un propietario y residente

Precisamente esa diferencia de costes es la gran preocupación de buena parte de los propietarios. Así lo expresa un miembro de la Plataforma de los Bloques Portuarios, uno de los pocos propietarios que sí residen en los bloques, quien afirma haber pasado ya el duelo por el derribo. «Yo compré en 2015 porque era una ganga. Aquí se han llegado a vender pisos reventados por 13.000 euros. Llegué a portuarios sabiendo cuál es su futuro, pero al final da pena porque vas haciendo vida. Nos hemos dejado 20.000 euros en un ascensor que va a caer», lamenta el vecino, y aporta algunas pinceladas sobre la convivencia: «En invierno se está bien, en verano llega mucha gente y hay muchísimo ruido. También depende de la escalera, hay unas cuatro escalera bien cuidadas. Pero tienes que estar pendiente porque se hacen butrones entre viviendas vacías».

Vivir en «pisos de patada»

Josele vive en un «piso de patada» que le cedió un amigo y donde se ha empadronado. Son siete personas en una vivienda de no más de 70 metros cuadrados. Su portal mira al oeste y está lleno de familias okupas sin apenas ingresos. Este valenciano en desempleo de 46 años tiene aprobada una vivienda de la EVHA desde hace varios años, pero no terminan de darle curso a la petición. «Me dicen que la vivienda ha caducado, como un Danone». Josele entiende los planes de derribo del ayuntamiento «si estos ayudan también a mejorar la situación de las familias vulnerables», y se aferra a la promesa que un día le hicieron en la entidad valenciana de vivienda y suelo: «Mis suegros llevan toda la vida en el Clot, mi mujer ha nacido aquí, si nos tiran de portuarios tendrán que darnos una solución».

Durante la conversación con Josele aparca un Audi frente a una escalera sin puerta y el conductor reclama al periodista. «Este sitio está lleno de ratas, hermano». Se llama Jose y lleva poco tiempo en portuarios, antes vivía en El Corralón de la calle Yecla —«allí son indígenas, aquello sí que es la jungla»—. Jose lanza una voz tres plantas arriba para que su pareja deje entrar a la prensa. «¡Rafaelaaaaa! Este es mi timbre», bromea. Pero no hay suerte, está alimentando al bebé. Jose denuncia, todos lo hacen, que la administración los tiene completamente marginados. Que durante décadas nadie se ha dignado a pasar por allí con otro ánimo que el de la criminalización. Les han puesto contenedores y les han llamado delincuentes. Poco más.

Cuatro garbanzos negros

Tomás nació en el Clot «cuando no tenía tanto marketing para el inversor extranjero», vive en un alquiler de la EVHA concedido a su mujer y en los últimos 20 años se ha erigido en un pilar de su comunidad. Tiene un discurso lúcido y abundante, como su vida laboral —ha trabajado de cocinero, de soldador, en los astilleros, en varias fábricas y ahora, a sus 57 años, vende cartelería valenciana en el rastro—. No le hace especial gracia abrir su casa, salón-cocina con dos pequeñas habitaciones, pero muestra la realidad de los bloques «porque es importante marcar un margen entre las familias humildes y la gente maleante. Yo no voy a defender lo indefendible, quien la haga que la pague, pero no podemos estar toda la vida con la misma cantinela de asociar gitano y delincuencia. Acabemos con eso. Aquí la gran mayoría se dedica al rastro o la chatarra».

El vecino del Clot admite que la okupación ha lastrado la convivencia, aunque por lo general se evita el choque con la gente incívica porque «los enfrentamientos entre gitanos son muy graves». Y con bastantes problemas lidian ya. «Nadie está en estos bloques por capricho. Aquí no se vive, aquí se resiste», dice, y devuelve el foco a la mitología de portuarios: «Según el criterio de las altas instancias aquí somos todos presuntos traficantes. Los hay, pero sabemos quienes son y yo soy el primero en hacer de sheriff. La solución institucional será criminalizar a todo el mundo, también a la gente honrada; habiendo cuatro garbanzos negros dirán que la olla está podrida».

El relato oficial —señala Tomás— omite el contexto histórico de un edificio que fue degradado de forma intencionada para justificar su derribo. El precio lo pagan hoy. Escaleras angostas y grafiteadas suben a viviendas sin electricidad, llenas de cables pelados, con techos que se les caen encima. Trastos por todas partes. Desidia propia y ajena. Llegados a este punto nadie se opone a la demolición. «Yo no estoy en contra del derribo. Lo que me parece mal es que manden a la gente con una lona a dormir a la playa. No hablo de darles un piso en la Gran Vía, sino de un proyecto de Servicios Sociales con un compromiso real por parte de las familias para escolarizar a sus hijos, formarse para acceder al mercado laboral, etc. Aquí muchas personas humildes solo han visitado la comisaría para sacarse el DNI. Cuando caiga portuarios, ¿las expulsamos de la sociedad?».

Evitar los guetos

La mole de hormigón reducida a escombros. Un escenario que también preocupa en la Asociación de Vecinos del Cabanyal, pero por otro motivo. Lo explica Daniel Adell, su portavoz: «Ese solar ha funcionado como desguace de coches, taller ilegal, punto de ventas de drogas y fumadero. Hemos visto peleas y hogueras. Los okupas han desmontado los ascensores y hasta las casas enteras. Aquello es inhabitable», introduce Adell. Y añade: «Como vecinos que defendemos la calidad de vida del Cabanyal nos parece fantástico el derribo, pero pedimos que repartan a las personas con problemas por toda València. Si hay un conflicto social tiene que apechugar toda la ciudad, no solo nuestro barrio. Los guetos no son buenos para nadie».

Un enfoque distinto propone el Sindicato de Vivienda del Cabanyal, en contacto estrecho con las familias más humildes de portuarios. Guillem es portavoz del colectivo y tras visitar las viviendas con Levante-EMV reclama una mirada integradora. «A nuestro sindicato han llegado casos de gente que vivía en pisos donde cambia el propietario y este les dice: ‘yo no hago tratos con gitanos’. Aquí hay mucho alquiler verbal, sin contrato. Las instituciones solo hablan de realojar a «los legítimos propietarios», pero es importante universalizar el acceso a unas condiciones mínimas de vida», argumenta.

Propietarios residentes, no residentes, alquilados, okupas, asociaciones vecinales, sindicatos y políticos fijan posiciones ante la futura voladura de los Bloques Portuarios. En la presentación del proyecto de realojo “Astilleros”, la alcaldesa avanzó que su corporación invertirá 9,5 millones para disponer a final de legislatura de dos edificios «con jardín interior y un entorno mucho más amable» que solventen un problema histórico. Se refería a los propietarios, pero también aseguró estar coordinando con Servicios Sociales una solución a las familias vulnerables, sin concretar el plan para ellas. Era una mañana ventosa. Dos horas más tarde salió ardiendo la Devesa del Saler. La noticia se desplazó 16 kilómetros al sur y los bloques volvieron, un lunes más, al fatigoso ostracismo del día a día.

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