La Dirección General de la Guardia Civil mantiene desde hace meses un pulso en los tribunales con los agentes de los grupos de policía judicial e investigación en toda España -cerca de 150 de ellos en la Comunitat Valenciana- para eludir el pago de las horas extra y de las llamadas guardias combinadas. La primera batalla la han ganado los agentes, quienes están empezando a cobrar indemnizaciones que van desde los 1.000 a los 39.000 euros por los pagos atrasados de los servicios prestados fuera de su horario laboral, entre los que se encuentran las horas de exceso generadas por los trabajos nocturnos y festivos.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se remonta al año 2006, reconoce este derecho de los miembros de la policía judicial para cobrar los servicios prestados por encima de las 37,5 horas semanales establecidas. A ella se han ido adhiriendo guardias civiles de toda España mediante una extensión de efectos de dicha sentencia, por la cual se estiman las reclamaciones de las horas desempeñadas en un margen de cuatro años, de 2002 a 2006.

"Ya han cobrado la mitad de los solicitantes, pero lo lamentable es que todos aquellos que no lo solicitaron en tiempo y forma prescribió su derecho a reclamar dichos periodos", manifestó una letrada que lleva más de un centenar de reclamaciones.