Primero fueron 70 millones. Luego se elevó hasta 105. Ayer el conseller de Presidencia, José Císcar, subió la cifra hasta los 144,1 millones. Es el coste del cierre de Radiotelevisió Valenciana. Un cifra que la oposición cuestiona y sube hasta los 220 millones. El vicepresidente matizó, no obstante, que en esa cifra de 144,1 millones están incluidos los salarios de los trabajadores que se tendrían que haber pagado igual si la sociedad hubiera seguido. Ocho meses después, siete desde el fundido a negro de Canal 9, se reunió en las Corts la comisión de Control de RTVV para que Císcar diera explicaciones. «Hoy es un día histórico, y no por la Coronación», ironizó la oposición.

Císcar explicó que hasta que no se produzca la «total extinción» de RTVV no se conocerá el coste exacto. Indicó que el acuerdo sobre el ERE estableció una indemnización de 35 días por año trabajado, con un máximo de 30 mensualidades, lo que suma 86,1 millones. Asimismo, el coste de los salarios abonados hasta mayo de 2014 asciende a 56,4 millones. Además, se contrató con empresas para definir un nuevo modelo y ejecutar el primer ERE por 674.000 euros, y con dos mercantiles para asesoramiento del segundo ERE, otros 871.000 euros.

El portavoz de Compromís, Enric Morera, se mostró convencido de que el dinero de «los costes directos del cierre nos hubieran dado para tener una RTVV redimensionada en funcionamiento». El socialista Josep Moreno cuantificó en 220 millones el cierre y acusó al Consell de echar «la culpa a quienes denunciaron un ERE ilegal». Ignacio Blanco (EU), con una camiseta con el lema «RTVV, la volem nostra. Sense corrupció, en valencià, de qualitat, pública y plural», incidió en los «costes sociales» de no tener una radio y una televisión públicas en valenciano. Císcar insistió en que se vieron obligados a apagar Canal 9 al «no ser posible mantenerla», con un patrimonio neto negativo de 1.200 millones. «Un Gobierno se ve obligado a cerrar una radio televisión pública porque ya difícilmente puede hacer más ajustes, lo diga el señor [Antonio] Beteta [número dos del ministro Montoro] o lo diga quien lo diga», aseveró.

Sobre los archivos audiovisual y administrativo de RTVV, enfatizó que están «completamente protegidos» por la ley, que los cataloga como «inalienables, inembargables e imprescriptibles». En cambio, la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) es una «posible herramienta» pero tiene «dificultades» ya que exigiría la firma de todos los autores de esos fondos. Del archivo audiovisual se hará cargo la Filmoteca y del administrativo, el Archivo Histórico de la C. Valenciana.

23 trabajadores para el archivo

La oposición le reclamó que no saque el archivo audiovisual del Centro de Burjassot porque, subrayó Morera, la oposición reabrirá TVV tras las elecciones de 2015. Císcar sorprendió entonces al apuntar que la ubicación, que «no está decidida», podría ser en un nuevo espacio adscrito a la Filmoteca, «por qué no en el actual edificio». En declaraciones a los periodistas, señaló que el Consell quiere vender el edificio emblemático de Burjassot que se ha valorado en 32 millones pero expresó sus serias dudas de que sea posible debido a las muchas «limitaciones» del inmueble. Y agregó que, en caso de que no se venda, el archivo audiovisual podría permanecer donde está ahora, en la sede de Canal 9.

Para la custodia y digitalización del material (250.000 cintas de vídeo), se ha previsto la recolocación de un mínimo de 23 trabajadores. La oposición censuró que, con el cierre de TVV, no quedará registro de la memoria audiovisual de los valencianos de días como la Coronación de Felipe VI. Pero el vicepresidente defendió: «Hoy es un día histórico y estará en muchísimos archivos audiovisuales y documentales de muchos medios públicos, privados, entidades sociales y se podrá ver por Internet».