Los peritos de la Fiscalía Anticorrupción ultiman un segundo informe sobre las cuentas del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, después de que el abogado del político conservador aportara nuevos documentos bancarios. Según fuentes judiciales, este informe «corrige» errores del anterior, pero no altera sustancialmente las conclusiones sobre los ingresos obtenidos por Fabra entre los años 1999 y 2004, cuando obtuvo 3,7 millones de euros, buena parte sin justificar. La cuota presuntamente defraudada al impuesto sobre la renta de las personas físicas ronda el millón de euros.
El juez de Nules, Jacobo Pin, dio un plazo de cinco días a Javier Boix, letrado de Carlos Fabra, para que aportara toda la documentación que faltaba y los extractos bancarios. De no hacerlo, seguiría adelante la acusación por cinco delitos fiscales contra su cliente. Boix facilitó al juzgado la información que creyó conveniente y los peritos de Anticorrupción tuvieron que corregir su primer informe de más de 200 páginas.
El nuevo balance patrimonial que preparan los inspectores de la Fiscalía tendrá que ser remitido de nuevo al juzgado y ratificado por los propios peritos, en persona, en una nueva comparecencia.
Este enésimo trámite procesal no hará sino ralentizar todavía más una instrucción que se abrió en el año 2003 y que ahora se encuentra paralizada a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre si los cinco supuestos delitos fiscales cometidos por Fabra han prescrito o siguen vigentes. La Audiencia Provincial de Castelló ya ha dicho que al menos cuatro de estos delitos –los registrados entre los años 2000 a 2004– están fuera de plazo, por lo que sólo se podría sentar en el banquillo a Fabra por un supuesto delito de fraude fiscal cometido durante el ejercicio 1999 y por tráfico de influencias.
La lentitud de la Justicia y los interminables recursos y contrarrecursos han terminado por hacer naufragar la instrucción de un sumario que acumula ya más de 20.000 folios.
En febrero del año 2006 la Audiencia Provincial de Castelló ordenó investigar las cuentas de la familia Fabra al «no ser infrecuente que en este tipo de casos el lucro obtenido se esconda en la esfera familiar». El fiscal y la acusación particular, ejercida por la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, consideraron que a partir de ese momento la prescripción de los cinco delitos contra la Hacienda Pública quedaba interrumpida de forma automática y que los peritos de Anticorrupción dispondrían de todo el tiempo del mundo para analizar el marasmo de cuentas, ingresos, cheques, operaciones inmobiliarias y préstamos de Fabra y su familia. Ése fue el gran error de la Fiscalía. Mientras la maquinaria judicial hurgaba lenta y penosamente en los ingresos de los Fabra, los abogados de la familia, en una jugada astuta, dejaban transcurrir los 5 años de prescripción, esperando alegar a última hora la indefensión de su cliente, como así ha sucedido.
De esta manera, en julio de 2006, apenas cinco meses después del auto de la Audiencia, el delito fiscal correspondiente al año 2000 ya había prescrito. El tiempo siguió corriendo y los delitos de los años 2001 y 2002 prescribieron también antes de que los peritos de Anticorrupción pudieran llevar su primer informe al juez. Otro tanto pasó con el delito del año 2003, que estaba pendiente de una inspección fiscal que no llegó hasta el año 2003. Y del correspondiente a 2004 los inspectores apenas han dispuesto de documentación ante la falta de colaboración de los bancos. Todavía hoy, algunas entidades financieras no han entregado las cuentas reclamadas por el juez de Nules. Ahora todo queda pendiente de la decisión de los magistrados del Supremo, una decisión que podría tardar entre uno y dos años.
El antecedente del «caso AVE»
Fuentes de Fiscalía ven un paralelismo entre la prescripción de los delitos del caso Fabra y el caso SEAT (pieza separada del sumario AVE), que también fue archivado por esta razón en el año 2009. El Supremo admitió la prescripción de los delitos y confirmó la absolución de los ex dirigentes socialistas Aida Álvarez y Juan Carlos Mangana, así como otros implicados en la supuesta financiación irregular del PSOE. La Audiencia de Madrid absolvió de cohecho a los acusados al haber prescrito ya sus supuestas responsabilidades, pues desde que se produjeron los hechos en 1988 hasta que fueron denunciados en 1993 transcurrieron más de 3 años. Sin embargo, el Supremo consideró probado que la empresa SEAT entregó a los procesados –a través del embajador alemán en España Guido Brunner, ya fallecido– un cheque por valor de 150 millones de pesetas (901.518 euros) para que informaran favorablemente de tres licencias que el ayuntamiento tenía que conceder para acometer unas obras en los terrenos de SEAT.
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