Peligra la libertad de prensa

Comienza la regeneración democrática que prometió Pedro Sánchez. Primero ha empezado con los medios y luego continuará con la judicatura. Los “pseudomedios” que tanto molestan al Gobierno y, especialmente, a Pedro Sánchez ya están en el punto de mira del ejecutivo para acabar con la subvención pública que reciben los medios de comunicación a través de la publicidad institucional, principal medio de supervivencia para muchos rotativos.

Si se lleva a la práctica, como parece, es muy peligroso para la libertad de prensa porque deja en manos del Gobierno decidir qué medios son buenos y, por tanto, reciben una subvención pública y qué otros son malos y se quedan fuera de esa ayuda.

Los medios de comunicación se sostienen económicamente  básicamente por dos vías: por un lado por los ingresos publicitarios que generan en sus páginas o cuñas radiofónicas y en segundo lugar por el dinero que reciben en forma de subvención por parte del Gobierno o de las CCAA. Si se sostuvieran únicamente por la venta de ejemplares o suscripciones, la mayoría de las cabeceras hubiera cerrado, pues representa un porcentaje muy pequeño de sus ingresos. Con la llegada de las cabeceras digitales esto se ha agravado aún más, aunque muchas ya no son gratuitas y cobran para leer sus contenidos y lo mismo pasa con los medios convencionales.

La publicidad institucional siempre ha sido utilizada por el gobierno, fuera del color que fuera para premiar económicamente a unos medios de comunicación sobre otros en función de su docilidad. Recuerdo los años de gobierno del PP en Valencia con mayorías absolutas que excluían a la Cartelera Turia de la publicidad institucional. La decana cartelera valenciana sobrevivió contra viento y marea y todavía hoy está en los kioscos, siendo un referente cultural para muchas generaciones entre las que me encuentro y donde tuve la oportunidad de colaborar durante unos años.

El Gobierno ha pedido a las diferentes CCAA conocer el dinero que destinan a publicidad institucional para dejar fuera a los que ellos consideran “pseudomedios”. Este término designa el periodismo bueno del malo. Quien decide si son pseudomedios o medios serios es el Gobierno. Y lo mismo pasa con los periodistas.

Si hay medios de comunicación o periodistas que divulgan noticias falsas o bulos, para eso están los tribunales de Justicia, pero el Gobierno no puede arrogarse esa función que corresponde a los jueces.

Los mismos que criticaron que en la comunidad valenciana PP y Vox retiraran  las subvenciones a medios y organizaciones catalanistas y fueron tildados por ello de censores, son los que ahora quieren retirar la publicidad institucional de los medios que no controlan.

El periodista Juan Soto Ivars, escribía en El Confidencial : Sánchez aspira a crear una suerte de “órgano colegiado de profesionales del periodismo”, un “comité de expertos” muy independiente, compuesto por afines, que se convierta en un “factcheker público” y determine qué es un bulo y qué no, qué “digitales” están dentro del “periodismo” y cuáles están fuera"