El Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, enseñó ayer los dientes ante el anuncio del tripartito de creación de una nueva Oficina Antifraude, una especie de Síndic Anticorrupción que sería nombrado también por las Corts y cuyas funciones bien podría solaparse con las del auditor público. Vicente, quien entregó a la nueva Mesa de las Corts y a los síndics, Enric Morera, una memoria de actividades con motivo del 30 aniversario de la Sindicatura, fue inquirido por los periodistas sobre la puesta en marcha de la Oficina les afectará, respondió tajante: «Indudablemente, sí». Agregó que, si esta nueva entidad se crea en la Comunitat que, «tendremos que hablar».

«Nosotros tenemos 30 años contrastados con una experiencia tremenda, con auditores y personal perfectamente capacitado y en funcionamiento», se reivindicó, para agregar: «Eso, si decidimos dejarlo como lo estamos haciendo, es suficiente, porque hay mucho trabajo, pero en cuanto rozara las competencias de otro, tendría que verlo», avisó. Las declaraciones evidenciaron que no coinciden sobre la misión de unos y otros. El Síndic indicó que la Oficina fiscalizaría el presente y ellos, la gestión realizada. En cambio, el presidente de las Corts, Enric Morera, tras negar que la Agencia solape competencias con la Sindicatura, planteó que el Síndic «acredita la irregularidad y la Oficina Antifraude es la que remata, actúa y pone en conocimiento de la justicia las cuestiones que se puedan prever como indicios de delito». «La Sindicatura pone el balón en el punto de penalti y la Agencia remata y mete un gol a la corrupción».

Vicente también pidió cambios legislativos que le den «más facultades» para «entrar a analizar las contabilidades» de empresas o de bancos «que han recibido subvenciones», toda vez que es «en estos entresijos donde se pueden dar los casos más fáciles de fraude y corrupción». Y admitió que la petición surge para evitar situaciones como las de las empresas implicadas en los casos Gürtel o Cooperación.