Desde ayer las Administraciones públicas valencianas podrán comprar por primera vez vivienda de protección pública a través del ejercicio del derecho de tanteo y retracto. El objetivo es ampliar el parque público de vivienda de la C. Valenciana en un momento de incertidumbre generada por la crisis económica y la emergencia sanitaria del coronavirus.
El pleno del Consell aprobó ayer un decreto ley que favorece la adquisición de vivienda pública frente a los especuladores del ladrillo. El decreto fue expuesto en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell por el vicepresidente segundo, el conseller Rubén Martínez Dalmau, quien lo calificó de «histórico» y aseguró que va «contra la especulación, a favor de que las familias puedan seguir viviendo en sus casas» y en contra de que los edificios «pasen a manos de los fondos buitres». Mientras, la vicepresidenta Mónica Oltra consideró necesario «contar con un parque público que, igual que ocurre con otros países, contribuya, de forma efectiva y eficaz, a garantizar el derecho constitucional a la vivienda en nuestro territorio».
La norma amplía los supuestos para la compra de viviendas mediante la figura de tanteo y retracto, lo que permitirá a la Generalitat y los ayuntamientos de la C. Valenciana adquirir casas procedentes de ejecuciones hipotecarias, daciones en pago o ventas extrajudiciales, e intervenir en las grandes operaciones de ventas de edificios o paquetes de más de diez viviendas.
Este tanteo y retracto permite que, ante la notificación de venta por parte de cualquier propietario de una vivienda protegida o incluida en las denominadas transmisiones singulares, la Generalitat o la entidad local del municipio en la que esté ubicada pueda ejercer el derecho de compra del inmueble de manera preferente.
Durante su intervención, el vicepresidente segundo Dalmau subrayó que con en el decreto ley «se dan, por primera vez, las herramientas necesarias para evitar que las casas donde vive la gente acaben siendo propiedad de los fondos de inversión».
Dalmau puso el ejemplo de familias que han perdido sus casas por no poder pagar la hipoteca en su momento, e indicó que con este decreto se busca asegurar que la puedan recuperar antes de que pasen a manos de un fondo de inversión.
Se trata de una medida que ya está en marcha en diversas capitales europeas y busca reforzar el parque público de viviendas. El Botànic se ha marcado como objetivo ampliar en un 30 % las viviendas públicas durante esta legislatura y llegar al 50 % a partir de la próxima.
El vicepresidente segundo defendió la legalidad del acuerdo tomado ayer por el Consell e insistió en que asegura el cumplimiento «presente y futuro» de la función social de la vivienda. Según Dalmau, esta calificación permanente es pionera, pues solo existe en País Vasco y Baleares, y ahora quiere incorporarla Navarra.
Participación de las ONG
Un tercer eje de este decreto es la participación de los municipios en las políticas de vivienda, ya que a partir de ahora ayuntamientos y mancomunidades podrán ampliar sus viviendas públicas gracias a la cesión que les hará la Generalitat del derecho a adquirirlas de manera preferente.
El decreto amplía el derecho de tanteo y retracto también a las entidades municipales, con el fin de «municipalizar» la política de vivienda e impulsa la actuación conjunta y coordinada con las Administraciones locales, como ya se hace en Viena o Berlín, según destacó ayer Dalmau. Además, las ONG que lleven a cabo funciones de reinserción podrán adquirir casas mediante la cesión de viviendas públicas para contribuir a mejorar la vida de sus usuarios.
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