La Generalitat inicia hoy las negociaciones con la hostelería para diseñar el plan de desescalada en la Comunitat Valenciana con un problema ya resuelto. La Asociación Hostelera de Castelló (Ashocas), que amenazaba con la apertura ilegal de centenares de establecimientos a los que integra a partir de este mismo martes, dio ayer un giro repentino —aunque esperado— a su estrategia al desconvocar la protesta y anunciar de una tacada un recurso judicial contra el decreto del Consell por un lado y por otro una reunión bilateral con miembros del Ejecutivo autonómico para exponer sus reclamaciones.
Esta cita tendrá lugar hoy mismo pero en paralelo al encuentro oficial, en el que la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, recibirán a representantes de la la patronal CEV, de Conhostur y de Fotur.
Aunque el órdago lanzado por los hosteleros castellonenses nunca llegó a ser tomado como una posibilidad real en el Palau —tampoco entre otras organizaciones empresariales del sector— al ser interpretado como una mera medida de presión, el Consell optó por evitar confrontaciones con esta asociación en un momento en el que la tensión aflora en algunos segmentos del colectivo tras muchos meses de restricciones y accedió a recibirles como se recibe a cualquier colectivo afectado por la pandemia. Finalmente, Colomer, que ya pidió «pedagogía» con el sector antes de la última prórroga de su cierre, será nuevamente el encargado de lidiar con sus representantes una vez finalice la reunión oficial.
Recurso en lugar de apertura
El presidente de Ashocas, Álvaro Amores, remitió ayer una comunicación a todos sus asociados para avanzar la decisión y solicitar que nadie abra ilegalmente. Tras llamar a la «insumisión» durante varios días, Amores aseguraba ayer que esa apertura podría «perjudicar» a quienes la llevaran a cabo y otras fuentes de la organización admitían que su recorrido ya se había «agotado» y «traería consecuencias».
En su lugar y pese a que la Generalitat ha accedido a escucharles, lo que no ha sentado demasiado bien en la patronal autonómica CEV, Ashocas ha optado también por la vía judicial. Ayer mismo presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el que solicitó la suspensión cautelarísima del decreto que ordena el cierre de toda la hostelería en la autonomía. Fuentes de Ashocas destacan ahora que es un camino «más responsable» y se mostraban confiadas en el recorrido de la misma. La demanda llega después de que el mismo tribunal admitiera a trámite la alegación impulsada por la plataforma SOS Hostelería, que considera «contraria a derecho» la resolución de la Conselleria de Sanidad que obliga a cesar la actividad de los establecimientos.
En cualquier caso, la desactivación de esa apertura ilegal fue recibida con alivio en la Generalitat, que la atribuye a su apuesta por el diálogo pero también al escaso margen de maniobra con el que contaban los promotores, que se enfrentarían a importantes sanciones en un momento de estrecheces económicas.
Desescalada «muy prudente»
Antes de ese encuentro oficial entre Sanidad, Turisme y las patronales de hostelería y ocio, el president Ximo Puig quiso marcar la línea del Consell e insistió en que esa desescalada será «muy prudente» porque «aun no estamos suficientemente bien». Por eso, solicitó «comprensión» a los afectados, a quienes les aseguró que su voluntad de diálogo es «absoluta». Además, volvió a mostrarse abierto a «una nueva edición» del plan Resistir «si es necesario».
Quien no estará en esa mesa de negociación que se constituye hoy será la Coordinadora Empresarial de Hostelería y Ocio (Ceoh), que ayer expresó su enfado por lo que considera un «ninguneo» a una organización que representa «a 1.200 pymes de las tres provincias». La Ceoh lo consideró un «castigo» por el «carácter crítico de sus reivindicaciones» y anunció movilizaciones.
La distribución planea presentar una demanda por lucro cesante
Las 19 asociaciones incluidas en la Federación Española de Empresas de Distribución a Hostelería y Restauración (Fedishoreca) están estudiando la posibilidad de acudir a los tribunales para reclamar el lucro cesante derivado de las restricciones impuestas a la hostelería, su principal canal de ingresos.
Adislev es la organización valenciana integrada en la federación nacional y su director ejecutivo, Bernardo Pérez, confirma a este diario que se encuentran a la espera del dictamen preliminar de los expertos para decidir si dan el paso. La demanda está siendo analizada por el despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo, quienes también llevan la reclamación de SOS Hostelería.
El encargo fue trasladado al bufete hace dos semanas y, según destaca Pérez, la federación está «decidida» a emprender este camino si el dictamen es favorable.
Las empresas de distribución son unas de las grandes olvidadas del cierre de los bares y restaurantes así como de las restricciones que acumulan. En el conjunto de 2020 las pérdidas registradas rozan el 50 %, una coyuntura que se está agravando ahora con el cierre de la actividad en la Comunitat Valenciana.
La hostelería representa cerca del 95 % del volumen de negocio de las empresas integradas en Adislev, por lo que su clausura ha provocado un derrumbe en sus ingresos pero, denuncian, sin embargo no han recibido ayudas directas.
Casi 500 entidades reclaman por las pérdidas sufridas
La Asociación Provincial de Restaurantes de Alicante (ARA), junto con la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (ALROA), presentaron ayer las primeras 487 reclamaciones patrimoniales a la Conselleria de Sanidad por las pérdidas económicas y cierres de establecimientos a causa de las restricciones aplicadas por la Generalitat. Los promotores aseguran que en los próximos días se sumarán más afectados y aprovecharon para denunciar que las ayudas activadas por la Generalitat «no son suficientes» para rescatar al sector.
