"Con las ayudas de Igualdad no tenemos ni para cubrir los gastos de la vivienda tutelada. Ahora mismo los pisos son inviables". Así lo aseguran las asociaciones y empresas que gestionan pisos supervisados para personas con trastorno mental grave en la C. Valenciana. Conselleria recortó recientemente las prestaciones para estas plazas, pasando de 2.350 euros al mes a 810 en muchos casos.
Lo hizo el pasado 12 de agosto tras aprobar un nuevo decreto que regula el acceso a prestaciones de dependencia. Las únicas ayudas que se mantienen son las de las viviendas asistidas (vigiladas 24 horas), para las que se paga a la persona 2.350 euros. Pero la realidad es que estos pisos son los menos utilizados y suponen un porcentaje muy bajo del sistema. Para las viviendas supervisadas (con un educador de 9 a 18 y más independencia) se reduce la ayuda hasta los 810 euros. Y estas sí que son la mayoría del sistema.
Igualdad defiende su decisión y explica sus políticas abogan por la "no institucionalización" de las personas, sea en centros o en viviendas, y apuestan por la atención temprana y en el entorno del usuario. Además, reivindican que el número de plazas de la red pública para atender problemas de salud mental ha crecido un 32 % en diez años. Pese a todo, esta ayuda de 810 euros se puede compaginar con otras, aunque no de viviendas.
Ahora mismo hay 2.542 plazas en diferentes recursos; 1045 están en Valencia, 994 en Alicante y 553 en la provincia de Castelló. En 2015 había 1.708 plazas, la mayoría en la provincia de València. Elena Andreu, directora general de Salud Mental de la conselleria de Igualdad reconoce que "todavía faltan muchas plazas en viviendas tuteladas para gente con trastorno mental".
La prestación se reduce en algunos casos de 2.350 a 810 euros, aunque se puede compaginar con otras
Por otra parte reivindica que "en 20 años los gobiernos del Partido Popular pusieron en manos privadas la atención y el cuidado de las personas". Lo hace en respuesta a la solicitud que la diputada del PP en Les Corts Elena Bastidas presentó ayer, reclamando la comparecencia de la vicepresidenta Aitana Mas para explicar las derivaciones de personas con trastorno mental grave a otras autonomías. "El Partido Popular no hizo nada en su día para mejorar el servicio", sentencia.
"El protocolo de derivar pacientes viene de la época del PP"
Conselleria de Igualdad explica que "solo derivamos pacientes a otras autonomías que tengan patología dual (trastorno mental y adicciones) y que además sean conflictivos", aseguran que dan la opción de elegir a las familias y que se suelen mandar pacientes a centros de Murcia, Málaga y Lleida. Las asociaciones, por su lado, explican que muchas personas acaban yendo fuera de la C.Valenciana simplemente por la escasez de viviendas.
"Es cierto que faltan pisos y recursos para estas personas que hay que derivar, pero con el Plan Convivint de ampliación de Servicios Sociales esperamos construirlos para paliar todo esto", aseguran fuentes de conselleria. Además, remarcan que este protocolo de derivación de pacientes fuera de la Comunitat "viene de la época del Partido Popular".
Por el momento, las plazas en centros públicos de la red de salud mental no paran de crecer cada año, y Elena Albert asegura que cada año se conceden nuevas licencias para viviendas tuteladas ante la evidente escasez actual.
Pero el modelo por el que apuesta Igualdad no es ese. Es más bien el contrario, atender a la persona en su entorno cercano y detectar el trastorno mental lo más pronto posible, en una etapa temprana y no en un caso agudo, como son los que se tienen que internar en viviendas asistidas o centros como los Centros Específicos para Personas con Enfermedad Mental Crónica (CEEM), que han aumentado en 100 plazas desde 2015.
El trabajo de conselleria cristaliza en el programa Sasem de atención temprana a personas con trastorno mental. Nació hace un año, y por el momento todavía está arrancando. El principal problema, según cuenta Elena Albert, es que deja en manos de los ayuntamientos la contratación del personal necesario. Los ayuntamientos con este programa han pasado de 25 a 41, pero es preocupante el caso de provincias como Castelló, que pasa de 0 a 1 ayuntamiento con este programa en toda la provincia.
"Rechazamos personas cada semana"
Raul Planells es gerente de una asociación que gestiona 17 viviendas tuteladas, un servicio que, por la cantidad de profesionales que implica, es muy costoso para la administración. En una vivienda asistida (las de 24 horas) trabajan un psicólogo, un educador social, un trabajador social y un integrador social para cinco personas usuarias. Una ratio de un trabajador por paciente, con lo cual los costes se disparan.
Planells cuenta que "muchos internos, con la ayuda de 2.350 euros de Igualdad no les da para pagar todo el servicio y tenemos que rechazarlos", asegura. En cambio, si se derivan a otras autonomías la consellería -según Planells- acaba pagando una ayuda mucho más elevada.
El gerente de la asociación explica que "todas las semanas rechazamos gente que nos deriva la administración (tanto servicios sociales como un hospital), porque lo tenemos todo ocupado. Y al final muchas de esas personas se acaban quedando en la calle", remarca. En muchos casos estas personas han roto las redes familiares debido a su trastorno, y no tienen otro sitio a dónde acudir.
