Un exdirectivo de Acuamed confirma las gestiones de Vera para el PAI de Febrer en Xixona

El exdirectivo de Acuamed investigado en el caso Azud, el sociólogo Joan Navarro, confirmó ayer las gestiones que el jurista José Luis Vera realizó ante la empresa pública para conseguir la construcción de una desaladora para el programa de actuación integrada (PAI) El Espartal, al sur del casco urbano de Xixona, que impulsaba el empresario Jaime Febrer, también investigado en esta causa y que no llegó a materializarse.

Navarro declaró ayer en la Ciudad de la Justicia ante el Juzgado de Instrucción 13 y la Fiscalía Anticorrupción que investiga el caso Azud compuesto por varias tramas de corrupción urbanística y política en varios ayuntamientos valencianos como València, Burjassot o Xixona, entre otros. Según ha podido saber Levante-EMV de fuentes conocedoras de su declaración, Navarro declaró al juez que su función como director de relaciones institucionales en Acuamed consistía en explicar a ayuntamientos cómo firmar convenios con la empresa pública. Contactó con él el Ayuntamiento de Xixona para promover una desaladora que diera servicio al PAIdel Espartal. En la reunión con el consistorio estaban presentes José Luis Vera y el empresario Jaime febrer, que era el promotor de la operación. Vera intervenía como «el abogado de Febrer» y Navarro lo conocía porque trabajó con la mujer de Vera, diputada en las Corts cuando el sociólogo ejerció de asesor parlamentario desde 1993 a 1999.

El macro PAI de El Espartal iba a ubicarse al sur del casco urbano de Xixona donde se iban a transformar 7,3 millones de metros cuadrados en mitad de la nada mediante la construcción de un campo de golf, 5.400 viviendas residenciales, tres hoteles y hasta un polígono industrial y VPO.

El plan urbanístico fue ideado en 2005 por Jaime Febrer desde su empresa matriz, Axis - Construcciones Valencia Constitución (CVC) por lo que presentó un proyecto de 3,3 millones de metros cuadrados al Ayuntamiento de Xixona. El gobierno local de entonces, una coalición entre el Partido Popular y un grupo independiente (PCIX) solicitó la inclusión de unos terrenos que doblaron la extensión del PAI hasta alcanzar los 7,3 millones de metros, según consta en el sumario. Curiosamente fue el nuevo alcalde de Xixona elegido en las elecciones de 2007, Ferran Verdú, quien enterró definitivamente el proyecto de cifras elefantiasicas.

Durante la mañana también compareció ante los investigadores del caso Azud María Dolores C.S., jefa de Sección de Propiedades Inmobiliarias, en relación con el concurso para adjudicar la parcela del fallido hospital de la Universidad Católica, cuyas plicas presuntamente amañó el empresario Jaime Febrer. La trabajadora fue una de las funcionarias que participó en la confección de las bases del concurso, aunque se escudó en los técnicos para justificar los pasos que dio en esta tramitación.

También declararon las hermanas Prieto Año, copropietarias de la extinta constructora Secopsa, a quienes los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontraron 380.000 euros en metálico en dos cajas de seguridad. Una de las hermanas justificó el origen del dinero por la venta de una empresa además de explicar que otra parte del dinero pertenecía a su marido y sus hijos, ya que el metálico procedía de "estrenas" y que incluso presentó una queja ante Bankia por el coste de la caja de seguridad, que aportó en su declaración. Otra de las hermanas ha alegado que parte del dinero procedía de una hermana que vive en el extranjero y que había ingresado la cantidad correspondiente al impuesto del IBI, al que debía contribuir. Ambas hermanas justificaron que han regularizado ante Hacienda las cantidades detectadas por la UCO de la Guardia Civil en los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción 13 de València.

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