Los motivos por los que se está retirando el Ingreso Mínimo Vital a miles de personas

La Seguridad Social está retirando el Ingreso Mínimo Vital a miles de personas que no entienden por qué dejan de percibir esta ayuda de mínimos si su situación de precariedad no ha cambiando.

Sin embargo, hay tres motivos que están generando la retirada de esta ayuda: la revisión de los expedientes de las familias a las que se les concedió "de oficio" la ayuda (sin ni siquiera tener que solicitarla), los fallos en las notificaciones de la nueva herramienta informática con la que trabajan los funcionarios desde 2021 para tramitar esta prestación y que los usuarios no renueven un certificado de Servicios Sociales con los que acreditaron "circunstancias especiales" que les permitieron acceder a la ayuda en cuestión.

Así lo aseguran fuentes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) que aseguran que el origen de estos problemas data de principios de 2021 cuando el Gobierno decidió modificar la normativa con un real decreto para flexibilizar los requisitos. Y es que la obligación de presentar el empadronamiento y una serie de documentación supuso que 60.000 personas vulnerables vieran denegada la ayuda mínima. Ese fue el caso de personas que vivían en una habitación alquilada, compartían piso para reducir los gastos o habitaba en asentamientos o infraviviendas.

Así, el Instituto Nacional de la Seguridad Social incluyó como documento válido para corroborar situaciones excepcionales un "certificado de los servicios sociales" con el fin de "acreditar la residencia colectiva, el carácter no permanente de la prestación de servicio residencial, el domicilio real de una persona que alegue no vivir donde consta en el empadronamiento o la inexistencia de vínculos cuando en el mismo domicilio, a parte de los solicitantes de la prestación, residan otras personas». Eso sí, el el decreto consta que el mantenimiento de los informes «debe hacerse con carácter anual». Así, es obligación de quien cobre el IMV renovar y volver a presentar ese "certificado de servicios sociales" cada año.

Renovación obligatoria

Desde el sindicato CSIF aseguran que los beneficiarios del IMV desconocen que ese certificado de Servicios Sociales por el que pudieron acceder al IMV es temporal y sólo da cobertura un año por lo que "cuando se revisan los expedientes, si no consta la renovación se elimina la prestación".

Otro de los principales motivos por los que la Seguridad Social retira la prestación se debe a los fallos en las notificaciones por correo postal. Las cartas no llegan a tiempo y por eso muchos usuarios se quejan de que les han retirado la ayuda pero desconocen el motivo o afirman que debían presentar cierta documentación para la que ya se ha pasado el plazo.

"Con la puesta en marcha del IMV llegó también una nueva herramienta para la Administración pública que se encargó a una empresa privada. Se denomina plataforma 'Appian' y ese aplicativo informático no funciona bien. Es muy rígido y no permite interactuar con el sistema, algo que es muy importante en los trámites de ayudas porque la casuística es muy amplia. Peor no es un aplicativo flexible, sino todo lo contrario y encima, tiene muchos fallos en el sistema de envío de cartas", explican desde Csif.

Sistema descentralizado

El nuevo sistema informático de la Seguridad Social implica, además, la descentralización de los expedientes de manera que solicitudes que se tramitan o revisan en València, "se elevan a fiscalización y el algoritmo lo deriva, por ejemplo, a Granada y el problema reside en que los departamentos de fiscalización no tienen los criterios unificados", lo que implica que "puede que un expediente acabe aprobado o denegado en función de dónde se tramite o fiscalice". De esta manera, además, se persigue agilizar los trámites y que en ciertos departamentos no existan demoras por falta de personal. Es más, la Seguridad Social suma al mes unos mil expedientes para una ayuda que ya llega a 185.419 personas en la Comunitat Valenciana y a más de 1,5 millones en toda España.

Los Servicios Sociales, por su parte, desconocen que el certificado que corrobora situaciones excepcionales se debe renovar para que el beneficiario continúe cobrando el IMV y son muchos los usuarios que reciben esta información, mediante carta, cuando el plazo de presentación ya ha finalizado.

Cuando el usuario comprueba que no ha recibido el IMV y desconoce el porqué, se acaba presentando de forma presencial en las oficinas del INSS, a las que se sólo se puede acceder con cita previa que es difícil conseguir. "Al final se trata de prestaciones previstas para las personas más vulnerables que deben realizar trámites de forma telemática y son muchas las que se quedan fuera o se ven obligadas a pagar un gestor para realizar y conseguir ayudas que son gratuitas y a las que tiene derecho", exigen desde diversas gestorías que explican que, aunque gestionar un IMV tiene un coste medio de 50 euros en demasiadas ocasiones "ni lo cobramos porque hablamos de gente muy humilde. Pero esto es un trabajo, no somos entidades sociales".