Rus denuncia un "juicio político" y el yonqui del dinero arremete contra el sistema judicial

El juicio del caso Taula por los contratos zombis en Ciegsa e Imelsa quedó ayer visto para sentencia. La de ayer fue la última jornada tras casi dos meses de juicio, en la que los acusados pueden dirigirse por última vez a los magistrados que decidirán su futuro judicial. Sólo siete de los veinticinco procesados ejercieron su derecho a la última palabra. Entre ellos los que más se juegan, como Alfonso Rus, Marcos Benavent y Emilio Llopis, que se enfrentan a una petición de doce años de cárcel por los presuntos delitos de organización criminal, malversación, prevaricación y falsedad en documento oficial. Todas las intervenciones fueron dardos dirigidos a la Fiscalía Anticorrupción. 

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«En este proceso ha habido tanta mala fe -aseguró el exalcalde de Xàtiva, Alfonso Rus al Fiscal Anticorrupción-, que no he podido contestarle porque la sentencia ya estaba preparada. Pero ahora contestaré: como presidente de la Diputación de Valencia no me incumbían los asesores. Yo de eso ni me enteraba, ni me interesaba». Rus señaló a los dos diputados responsables de empresas que nombró para que supervisaran Imelsa. «No los han llamado ni a declarar. Y eran los responsables. Pero llevaban la orden hecha de 'todos al paredón'. Para mí esto ha sido un juicio político por parte del ministerio público». 

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El exalcalde de Xativa tuvo un arranque de sinceridad sobre sí mismo. «He estado siete años sin hablar por prescripción de mis abogados y respeto a la justicia. No soy normal. Soy incontinente», explicó para justificar su silencio desde que quedó en libertad en enero de 2016 cuando declaró: «Todo es un montaje ya diré de quién». 

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Según Rus, «durante siete años han sostenido el invento de que yo tenía dinero, terrenos, pisos, un chalet en Brasil, donde no voy desde febrero de 1978 cuando fui a los carnavales con mi mujer... Rus no tiene nada, pero se lo inventa el ministerio fiscal». Un alegato que el magistrado que preside el tribunal cortó porque se trata de hechos que no se han juzgado en esta vista. Rus tuvo que retomar el hilo sobre los contratos zombis y defendió que nadie ha dicho nada de él sobre los presuntos enchufes a asesores que presuntamente no trabajaban. «No sé que hago aquí durante tres meses [casi dos, realmente]. He sido responsable y he dado la cara. He manejado 3.500 millones en la diputación. Y en capítulo de personal logramos 86 millones de ahorro. Y como no quieren que hable más termino y en paz».

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Tras Rus, tomó la palabra su delfín en otros tiempos, Marcos Benavent, exgerente de Imelsa y yonqui del dinero confeso. Benavent escenificó con tono compungido una preparada intervención, calculada al milímetro para atacar la base del caso Taula: las grabaciones de las presuntas prácticas corruptas que dejan poco margen a la imaginación. 

«Pido perdón por el dolor causado por el afán de perjudicar al PP, a Alfonso Rus, Máximo Caturla y Emilio Llopis entre otros muchos, como aquí se puede comprobar. En la causa ha habido suicidios, muertes, trastornos mentales, depresión. Es doloroso el proceso. Y más que sea tu propia familia, la de tu exmujer, la que por un acto de venganza inicie toda esta situación». 

En un alegato en el que citó a Sartre, Montesquieu, Maquiavelo y Groucho Marx, Benavent aseguró haberse sentido «tratado como un títere por la Fiscalía, la Guardia Civil y mi anterior defensa. Me quedé indefenso y me dejé llevar ante la situación creada con la promesa de la Fiscalía de no entrar en prisión». 

Marcos Benavent ya no se considera un yonqui del dinero

Una colaboración que tenía un único objetivo, según señaló: «avalar las grabaciones de Rosa Pérez que nadie supo decirme de dónde salían. Y que no autoricé a nadie el uso, la difusión, la reproducción y manipulación de las mismas». También cargó contra su exsuegro (que custodiaba las grabaciones) por «vulnerar mis derechos a la intimidad, el honor, la presunción de inocencia y revelación de secretos». 

Y, cuando intentó de nuevo colar el asunto Zaplana, el magistrado que ha presidido el juicio cortó su perorata, que finalizó criticando a la justicia y las penas elevadas que solicitan para él, tras haber sido condenado a siete años de cárcel en la sentencia de la pieza de Thematica Events del caso Taula, que aún no es firme. «También podrían pedir cadena perpetua o garrote vil. Esto es violencia policial, presión jurídica. Pero el fin no justifica los medios. Este sistema judicial no es sostenible», criticó el autoconfeso yonqui del dinero.