La secretaria de la funcionaria clave en el juicio de la Gürtel: "Había que contratar con ellos"

La funcionaria Elvira R. L., que ejercía de secretaria de dirección de la alto cargo clave en el contrato por el que se acusa a Francisco Camps en el juicio de la Gürtel, declaró ayer que las órdenes que recibió es que "había que contratar con ellos y había que contratar con ellos". Elvira R. L. fue la quinta testigo que declaró ayer en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional. Su testimonio exaltó de tal manera al abogado de Francisco Camps, que el presidente del tribunal tuvo que darle un toque de atención. "Baje el tono", le pidió el magistrado. "Es que no puedo, señoría", se excusó el letrado visiblemente alterado tras el testimonio de la secretaria de dirección de Dora Ibars, exdirectora de Relaciones Institucionales.

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Tanto Elvira R. L. como Eduard S. B., funcionarios desde los años 80 que recalaron en la dirección general de Relaciones Institucionales, ratificaron que desde los años 90 la Guía de la Comunicación (una herramienta de trabajo para periodistas que reúne teléfonos de medios de comunicación, agencias de publicidad, administraciones públicas...) se elaboró desde la dirección general de Relaciones Institucionales y remitían directamente la información a la imprenta.

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En 2004 apareció Orange Market y la Guía de Comunicación pasó a costar 88.975,59 euros troceados en ocho facturas (a distintas empresas de la trama Gürtel) que no superaban los 12.000 euros (el mínimo legal entonces para un contrato menor que no precisaba concurso).

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El funcionario que recopilaba cada ejercicio los datos y los enviaba a imprenta, Eduard S.B., declaró ayer que en 2004 simplemente le dijeron que "cuando esté dame los datos. Los di y nada más". Aquel fue el año en el que "aparecieron los del pendrive", aseguró Elvira R. L., en referencia al dispositivo de almacenamiento que comenzaba a ponerse de moda y que como novedad se entregó junto a la Guía de la Comunicación en el copetín que todos los presidentes de la Generalitat convocan cada año con los medios de comunicación. La incógnita que intentó resolver la Fiscalía Anticorrupción es por qué se subcontrató la edición de una guía que desde el año 1994 se elaboraba desde la Generalitat. "No sé por qué se externalizó", respondió la funcionaria en respuesta a la Fiscal Anticorrupción. "Había que contratar con ellos y habia que contratar con ellos", señaló en referencia a Orange Market, la sucursal valenciana de la Gürtel. "Eran presiones del presidente, a mi entender". "¿De qué presidente -insistió la fiscal-. El presidente era Camps", aseguró la funcionaria.

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De hecho, la secretaria de dirección de Dora Ibars confirmó que a [Álvaro] Pérez se le veía entrar en la calle Caballeros, en el Palacio de Fuentehermosa para reunirse con el entonces vicepresidente de la Generalitat Víctor Campos, condenado en el juicio de los trajes por aceptar regalos de la Gürtel (en el que Camps fue absuelto).

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Unas respuestas que enardecieron al abogado de Francisco Camps quien interrogó a la testigo sobre su anterior trabajo como "secretaria de dirección del presidente [Joan] Lerma [del PSPV]", que la funcionaria había reconocido al explicar su currículum. El tono de las preguntas llevaron a Elvira R.L. a responder al letrado que cuando llegó el gobierno del PP a la Generalitat, se dijo que ella era una "roja peligrosa" y era "un riesgo trabajar" con ella, "cuando es mentira". "Y yo contesté que el riesgo, ni pa ti ni pa mi (sic)", respondió mientras el presidente del tribunal realizaba una primera llamada al orden y pedía al abogado de Camps que centrara el interrogatorio.

A partir de ahí el letrado lanzó sus preguntas elevando el tono para preguntar a la testigo si tenía conocimiento de que se recibieran órdenes para que se realizase algún tipo de irregularidad en las contrataciones, o si le constaba que a través de la directora general, la interventora, algún órgano de administración o el mismo Camps dieran una orden espúrea para algún tipo de contratación. Ante las respuestas negativas de la funcionaria, le espetó: "¿Y todo eso que ha dicho es el runrún, lo que sonaba por ahí?". "Al final es la verdad", le respondió la funcionaria, enfadando aún más al abogado de Camps, lo que provocó que el presidente del tribunal le pidiera que hablase "con más tranquilidad" y bajase el tono.

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Los últimos tres testigos se centraron en la adjudicación a Orange Market de una campaña para difundir el uso correcto del contenedor amarillo, también en 2004, por 119.500 euros más IVA, del que nadie se hace responsable. Ni de la Conselleria de Medio Ambiente ni de la empresa pública Vaersa. Dos de los acusados por este contrato han fallecido y otros dos juzgados, eran una funcionaria o el director jurídico de Vaersa, sin capacidad de contratación. Sobre el contrato, el exdirector general de Calidad Ambiental, Jorge Lamparero, declaró como testigo que conocía a Álvaro Pérez "El Bigotes" porque "lo conocíamos todos en el partido, porque era muy peculiar. No tuve relación con él, pero era muy conocido". Lamparero trufó sus respuestas con expresiones como "no tengo ni pajolera idea" "ni puñetera idea" sobre la contratación de la campaña del contenedor amarillo que, admitió, los dos funcionarios juzgados no tenían potestad para contratar por sí mismos. "No sé quien decide la contratación. Yo no. No sé nada de él", aseguró en referencia a "El Bigotes".

Sin embargo, el siguiente funcionario en responder, Francisco S. S., exjefe de área de calidad ambiental declaró que supo de la empresa Orange Market y de un señor "que no sé si era Álvaro Pérez" porque "el señor Lamparero nos lo presentó en una comida como empresa de comunicación para ver si se les podía contratar para alguna cosa". Y señaló que la capacidad de decisión para contratar una campaña como la del contenedor amarillo era "de director general hacia arriba".

Las siguientes sesiones del juicio, que arrancó el 23 de enero, volverán a reanudarse el próximo 18 de abril con más declaraciones de testigos.

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