El 60 % de los profesores de valenciano se opone a la homologación del C1 que plantea la Generalitat

Seis de cada diez profesores de valenciano rechaza homologar el C1 a los alumnos de Bachillerato que saquen más de un siete en su asignatura. Así lo aseguran el sindicato STEPV, Escola Valenciana y El Tempir, que han presentado más de 2.000 firmas en Conselleria de Educación para frenar este proyecto de decreto, que ya está en tramitación.

De estas 2000 firmas destacan 840, que pertenecen a docentes de la asignatura de valenciano en todo el territorio. Esto supone el 60 % de todos los profesores en activo. Es decir, una amplia mayoría de profesores no quiere que se homologue el C1 como plantea el Consell.

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El decreto estuvo meses atascado en la mesa de negociación precisamente por esta negativa de los docentes hasta que Conselleria decidió seguir adelante. Para las entidades firmantes, "es evidente que la mayoría del profesorado que tiene que poner en práctica la propuesta de decreto se opone claramente a que se firme". No fueron las únicas críticas, también la Academia Valenciana de la Llengua (AVL) expresó su preocupación por los cambios en la homologación.

La propuesta de la Generalitat presentada a finales de 2022 era que se homologara el nivel C1 a todo el alumnado que sacara más de un siete en esta asignatura en Bachillerato. En opinión de las entidades (y los profesores que han firmado) esta medida "no tiene en cuenta criterios educativos, pedagógicos, lingüísticos y sociolingüísticos".

Por otro lado, los docentes consideran que se les traslada "una presión que no les corresponde frente a las familias y el alumnado". En su opinión, no es responsabilidad de un centro de secundaria o bachillerato homologar o acreditar competencias lingüísticas, "para eso hay otros organismos que lo hacen; las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) o la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencia (Jqcv), entre otros". La opción viable "es presentarse a una prueba específica frente a los organismos competentes".

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Ley de plurilingüismo "sin desarrollar"

Para las entidades existe un "pacto político" entre la Conselleria de Educación y la de Función Pública "para sacar adelante el requisito lingüístico en la función pública a cambio de obtener el C1 en Bachillerato". Critican que, con este decreto, no hay una evaluación de la aplicación del PEPLI (Programa d’Educació Plurilingüe i Intercultural), que según la ley del plurilingüismo se debe realizar al cabo de cuatro años de su aplicación.

Otro tema que denuncian es que se proponga elevar la homologación de un B2 a un C1 "cuando a penas se ha aplicado la ley del plurilingüismo en el sistema educativo".

Para los docentes que han firmado, el currículum de la asignatura de valenciano "es mucho más extenso que las competencias de comprensión y expresión oral y escrita y la medicación (MECR) y no está pensado para atender etas exigencia". En su opinión, el profesorado de valenciano debería de prescindir de la mayoría del currículum para garantizar que su alumnado adquiere los niveles recomendados en el decreto, algo que sería "ilegal".

Dudas sobre la norma

Las entidades firmantes trasladan las dudas sobre la aplicación de la norma de los docentes. Por ejemplo, critican que "la aplicación sería muy diferente según la comarca y la titularidad del centro, algo que traería agravamientos comparativos y prácticas discriminatorias entre centros".

Por otra parte, consideran que hay otros aspectos de la ley que son más importantes de aplicar y que no se están haciendo como la atención al alumnado recién llegado o los cambios en los procesos de evaluación en el aula.

El documento firmado por las tres entidades destaca que "el Bachillerato está orientado al acceso a la universidad, donde las pruebas son escritas. Por esto el nivel de competencia oral que se exige para niveles como el C1 no está garantizado ni demandado, y menos con unas ratios de alumnos como las que tenemos actualmente en los institutos. Tampoco en la EBAU se demanda una competencia escrita de nivel C1. Todo son contradicciones".

En conclusión, para los profesores "este decreto repercute negativamente en el prestigio social del valenciano, y no contribuirá a su uso social, sobre lo que es necesario una intervención para evitar el grave retroceso del idioma. De hecho, solo hay que ver qué ha pasado en otros territorios de nuestro dominio lingüístico donde se han aprobado medidas parecidas", sentencian.