Cierran una residencia privada de Torrent tras una inspección y trasladan a los ancianos

Cerrada. Así está desde hace un par de semanas la residencia Santa Gema, en Torrent. Las instalaciones están vacías y 29 residentes han sido trasladados a la residencia RPMD Carlet, uno de los diez centros de gestión pública que hay en la Comunitat valencia y que dependen de forma directa de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Tan sólo una de las personas que estaban ingresadas en esta residencia privada han regresado con sus familias. El resto permanecerá en el centro público de Carlet de forma temporal, a la espera de que sus familiares se hagan cargo de ellos, tal como procede la Administración pública tras ordenar el cierre de una residencia privada.

La residencia Santa Gema, además, estaba siendo investigada por el Síndic de Greuges tras una denuncia presentada ante la institución y que hacía referencia a la atención recibida por los ancianos y a las instalaciones, que se ubican en uno de los chalets situados junto a la carretera que une Torrent con Montserrat. Sin embargo, el cierre no se produce por ninguno de estos motivos. La clausura se lleva a cabo porque, tras una inspección, la conselleria comprueba que el centro ha cambiado de titularidad y no ha realizado el aviso pertinente, algo que es de obligado cumplimiento y que ha llevado al cierre a la residencia.

El 80% de las residencias necesita enfermeras y no las encuentra

El 1 de febrero de 2023, el Servicio de Inspección de Servicios Sociales emitió un informe sobre el resultado de las visitas realizadas el 27 de septiembre de 2022 y el 19 de enero de 2023 a la Residencia para Personas Mayores Dependientes Santa Gema y concluyó que se había producido "un cambio de titularidad sin haber obtenido la preceptiva autorización administrativa". La normativa establece que "el cambio de titularidad de un centro es uan actruación sujeta a autoirización administrativa" por lo que con fecha 4 de mayo de 2023 "se puso a disposición de la interesada la resolución por la que "se revocaba la autorizaciónde funcionamiento (fechada en el año 2000)". Es decir, el centro debía cerrar ya que no puede operar sin la autorización de la conselleria.

Un mes después, el 5 de junio, la propietaria de la residencia interpuso un recurso de alzada contra la citada resolución porque en el informe se omitía "que el 24 de enero de 2023 la mercantil presento una solicitud de registro de titulares y actividades de acció social con el fin de solicitar el cambio de titularidad". Sin embargo, en la resolución de la conselleria ante ese reculso de alzada se explica que "la solicitud de mera inscripción como prosna juríridca fue realizada con posterioridad y a raíz de la visita del Servicio de Inspección en los que se descubrieron los hechos que han motivado el presente expediente administrativo de revocación". Además, recalca que aunque se instara a la inscripción en el registro pertinente "ésta nunca se produjo". Por último, destaca que las alegacioens presentadas "no hacen más que confirmar que en la fecha en que se produjo la inspección no se había obtenido -ni tan siquiera solicitado- la preceptiva autorización por cambio de titularidad" y que aunque después sí se formuló la solicitud de inscripción "nunca llegó a producirse". La resolución está fechada el 30 de junio e implica el cierre de la residencia y el traslado de los mayores que ahí vivían.

De momento, sin respuesta

La que constaba como propietaria de la residencia no quiso hacer declaraciones a este diario. El abogado que representa a la propiedad de la residencia, tampoco. El Síndic de Greuges, por su parte, confirmó la apertura de una investigación tras una denuncia presentada el pasado mes de mayo en la que se ponía el foco en el trato a los residentes, los trabajadores y las instalaciones. 

Un vecino de la residencia, Francisco Martínez no dudó en declarar a Levante-EMV su experiencia personal ya que «tuvimos ingresado a un familiar y al final nos lo llevamos a otro lugar porque había muchas quejas por la tención a los mayores, que era muy deficiente, por la falta de personal y el trato a la plantilla. Había queja de todos, de empleados y de familiares y era una constante».