Servicios Sociales

El Botànic solo construyó una residencia pública de las 100 previstas para 2025

Igualdad mantiene los proyectos financiados con fondos europeos mientras revisa el plan Convivint

Los alcaldes piden reunirse con la conselleria

Residencia de mayores en la Canal de Navarres.

Residencia de mayores en la Canal de Navarres. / Levante EMV

Gonzalo Sánchez

Gonzalo Sánchez

Del centenar de residencias de ancianos proyectadas por el Plan Convivint que impulsó Mónica Oltra, con el horizonte 2025, solo una está en construcción: la de Sant Mateu en Castellón. El resto queda ahora congelado al considerar los nuevos responsables de la Conselleria de Igualdad que aquella planificación no solo era «aleatoria», sino también «irreal». El nivel de ejecución lo sitúa el departamento de Susana Camarero en un 6 %, de ahí que ya advirtiera en las Corts una revisión exhaustiva de cada caso.

El Plan Convivint diseñó unas 100 residencias distribuidas por casi todas las comarcas valencianas con un nuevo concepto que huía de los macrocentros para buscar entornos más familiares. Camarero, sin embargo, ha tomado la decisión de examinar ese plan de infraestructuras sociales del anterior Gobierno al entender que está mal presupuestado. 

Una residencia en ocho años de Gobierno

Eso era sobre el papel, la realidad ha dejado mucho que desear. En dos legislaturas, la Conselleria de Igualdad dirigida por Mónica Oltra no fue capaz de abrir ninguna residencia pública de mayores. Y en este tiempo solo se inauguró en 2017 la de Quart de Poblet, que además fue un proyecto municipal. El único proyecto en obras es la residencia de San Mateu en Castellón, que tras dos legislaturas aún no está acabada. Habría que sumar, en cambio, dos residencias en Alcoi y Torrent compradas a la Fundación Mediterráneo.

El sector privado, por contra, ha abierto en este tiempo las residencias de L'Onada en Vinaros; Orpea, Clece Vitam y Ballesol en Castellón de la Plana, La Ribera en Alzira y la ampliación de plazas en Residencial Oasis de Benicassim "a pesar de las dificultades burocráticas para conseguir las autorizaciones, lo que está provocando retrasos injustificables en otros proyectos de las provincias de Alicante y Valencia", cuenta Toro.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Susana Camarero, este lunes en Las Corts.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Susana Camarero, este lunes en Las Corts. / José Cuéllar - Corts

Conselleria de Igualdad no aporta datos de cuántos centros están en obras o ejecutados, pero Susana Camarero aseguró el lunes en una comisión de Las Corts que tan solo se había ejecutado el 6 % en dos años, poco más de 35 millones de euros.

Como el objetivo del Consell es poner en orden el dinero destinado a los ayuntamientos, Camarero aseguró que se paralizaban todos los proyectos que no estaban adjudicados. Sí que terminariá las obras en curso, pero algunas licitadas (como la de Alfafar), quedan en stand by. Los únicos centros que sí que se construirán son los que dependan de fondos europeos, ya que es una inversión finalista e Igualdad no quiere desaprovechar ese dinero.

El resto son obras que quedan totalmente paradas, como la residencia de Vinaròs, Orihuela, Cofrentes, Paterna, Sagunto, Villar del Arzobispo, Dénia, y decenas de municipios más que están a la espera de reunirse con Conselleria de Igualdad.

Falta de plazas de residencias

A pesar del ambicioso plan de Compromís, y dejando de lado que no se cumpliera, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales estima que la Comunitat Valenciana necesitaría 28.800 plazas de residencia en los próximos años. Es decir, que aunque se hubiera cumplido el plan, aún serían necesarias 22.000 plazas. Para el año 2032, según las proyeccioneis de población del INE, serían necesarias 30.000 camas.

La realidad tras la falta de plazas en servicios sociales es que la gran mayoría de personas mayores o dependientes están atendidas por mujeres (normalmente familiares) que cobran ayudas de 300 euros o menos. Cuando se redactó la Ley de Dependencia en el año 2007, estas ayudas se contemplaban como la última opción, y el texto legal deja muy claro que, siempre deben priorizarse los cuidados profesionales. Sin embargo la ley ha acabado pervirtiéndose, y más del 60 % de los dependientes reciben cuidados no profesionales por parte de sus familias, que deben renunciar a sus trabajos para cuidar de sus padres, madres o hijos. 

Residencia Pintor Sala de Alcoi, comprada recientemente por conselleria de Igualdad.

Residencia Pintor Sala de Alcoi, comprada recientemente por conselleria de Igualdad. / Levante-EMV

La alternativa son las ayudas para el cuidado a domicilio, también bastante insuficientes. Por poner un ejemplo, un dependiente de grado dos o tres puede tener un cuidador que venga un par de horas al día, algo que queda muy lejos de lo que esa persona necesita. 

Uno de cada cinco hogares valencianos tiene una persona dependiente, en total son unas 135.000. De estas 85.000 están cuidados por personas del entorno doméstico. El 89% de los cuidados recaen sobre las mujeres. Y así, una medida que estaba pensada como excepcional se ha convertido en la norma en la Comunitat Valenciana.

Cuidados en femenino

Por ello, el cuidador tiene rostro de mujer. Con ayuda a la dependencia o sin ella. La ley de la Dependencia oferta una cartera de prestaciones y servicios. Así la Administración o entrega un dinero a la familia o le proporciona un servicio (teleasistencia o plaza en una residencia o un centro de día). En teoría, la persona decide qué necesita

En la práctica, los servicios sociales les orientan sobre qué ayuda es mejor, más efectiva o está disponible. Y la ayuda más común de la ley de la Dependencia en la actualidad es la prestación de cuidados en el entorno familiar. Eso supone que las familias reciben o unos 150 euros, si el familiar está valorado con grado 1 de Dependencia; 260 si es grado 2; o 380 si es grado 3. Así, son las mujeres quienes sostienen el sistema de la Dependencia.