Servicios Sociales

Igualdad congela el 94 % de las obras de residencias y centros de día para revisarlas

Susana Camarero asegura que la inversión del Plan Convivint de Mónica Oltra era "irreal y una gran mentira", ya que solo se ha empezado a ejecutar el 6 %

Las obras comenzadas se finalizarán, pero los proyectos que no han empezado a construirse, aunque estuvieran licitados, quedarán parados

La residencia Pintor Sala de Alcoi, recientemente comprada por Conselleria de Igualdad.

La residencia Pintor Sala de Alcoi, recientemente comprada por Conselleria de Igualdad. / Levante-EMV

Igualdad desmontará el Plan Convivint creado por Oltra para construir residencias y centros de día. Así lo aseguran fuentes de la Conselleria dirigida por Susana Camarero (PP) a Levante-EMV. La consellera se lo adelantó ayer a los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados. La Generalitat acabará las obras que ya están empezadas (muy pocas) pero congelará el resto para revisarlas, ni siquiera empezarán los centros que estaban ya licitados, como es el caso de localidades como Aldaia o Alfafar.

Según explican fuentes de Igualdad, en dos años sólo se ha empezado a ejecutar el 6 % del presupuesto para construir 247 centros de servicios sociales. La prioridad ahora es mirar, caso a caso, en qué punto está la obra para invertir el dinero correspondiente; "la planificación anterior era aleatoria, no le vamos a dar un millón de euros a un ayuntamiento que no tiene ni el proyecto comenzado", explican fuentes de Conselleria.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad Susana Camarero ya dio pistas este lunes de la medida cuando se pronunció acerca del Plan Convivint, al que calificó como "una gran mentira". Fuentes del departamento añaden que la intención de Igualdad es "poner orden" a partidas presupuestarias que antes no se estaban ejecutando.

Camarero estima que solo se ha ejecutado el 20 % del Plan Convivint, lo que supone 49 infraestructuras y 1.320 plazas. Por tanto, Conselleria ha congelado la construcción de 198 residencias y centros de día y 5.280 plazas de residencia.

El plan Convivint fue presentado en el año 2021 por la ex consellera de Igualdad Mónica Oltra con el objetivo de paliar la falta endémica de plazas de residencias de mayores y centros sociales en la Comunitat Valenciana. Para ello, dividió el territorio en 21 departamentos de servicios sociales, cada uno de los cuales debía tener todos los servicios.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Susana Camarero, en una comisión de Las Corts.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Susana Camarero, en una comisión de Las Corts. / José Cuéllar - Corts

En estos 21 departamentos tenía planificada la construcción de 100 residencias de mayores, 27 centros para personas discacitadas, 22 para trastornos de salud mental y 35 para Infancia. Además, aprobó 57 programas para la reforma de centros propios. L'Horta era uno de los departamentos más beneficiados por el plan, donde iban a construir 18 nuevas residencias y centros de servicios sociales.

En total, este plan a cuatro años vista pretendía crecar más de 6.600 nuevas plazas de servicios sociales. De estas, 4.400 en residencias de mayores, 810 para personas con diversidad funcional, 880 para trastornos de salud mental y 510 para Infancia. La inversión total en un principio era de 561 millones de euros, la mitad de ellos para residencias de mayores. Tras varias ampliaciones del Plan Convivint, finalmente se esperaba gastar 595 millones para generar 7.300 nuevas plazas de residencias.

Dos años más tarde, la aplicación del Plan Convivint ha sido mínima, especialmente en lo que se refiere a la construcción de residencias de mayores, donde no se ha terminado ninguna de construir. Conselleria de Igualdad calculaba que este plan también generaría una bolsa de 3.500 puestos de trabajo. Este lunes la actual consellera de Igualdad aseguró que la ejecución del Plan Convivint ronda solo el 20 %.

A pesar del ambicioso plan de Compromís, y dejando de lado que no se cumpliera, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales estima que la Comunitat Valenciana necesitaría 28.800 plazas de residencia en los próximos años. Es decir, que aunque se hubiera cumplido el plan, aún serían necesarias 22.000 plazas. Para el año 2032, según las proyeccioneis de población del INE, serían necesarias 30.000 camas.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Susana Camarero, en una comisión de Las Corts.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Susana Camarero, en una comisión de Las Corts. / José Cuéllar - Corts

La realidad tras la falta de plazas en servicios sociales es que la gran mayoría de personas mayores o dependientes están atendidas por mujeres (normalmente familiares) que cobran ayudas de 300 euros o menos. Cuando se redactó la Ley de Dependencia en el año 2007, estas ayudas se contemplaban como la última opción, y el texto legal deja muy claro que, siempre deben priorizarse los cuidados profesionales. Sin embargo la ley ha acabado pervirtiéndose, y más del 60 % de los dependientes reciben cuidados no profesionales por parte de sus familias, que deben renunciar a sus trabajos para cuidar de sus padres, madres o hijos. 

La alternativa son las ayudas para el cuidado a domicilio, también bastante insuficientes. Por poner un ejemplo, un dependiente de grado dos o tres puede tener un cuidador que venga un par de horas al día, algo que queda muy lejos de lo que esa persona necesita. 

Uno de cada cinco hogares valencianos tiene una persona dependiente, en total son unas 135.000. De estas 85.000 están cuidados por personas del entorno doméstico. El 89% de los cuidados recaen sobre las mujeres. Y así, una medida que estaba pensada como excepcional se ha convertido en la norma en la Comunitat Valenciana.

Usuarias de una residencia de ancianos en Valencia.

Usuarias de una residencia de ancianos en Valencia. / Germán Caballero

Cuidados en femenino

Por ello, el cuidador tiene rostro de mujer. Con ayuda a la dependencia o sin ella. La ley de la Dependencia oferta una cartera de prestaciones y servicios. Así la Administración o entrega un dinero a la familia o le proporciona un servicio (teleasistencia o plaza en una residencia o un centro de día). En teoría, la persona decide qué necesita

En la práctica, los servicios sociales les orientan sobre qué ayuda es mejor, más efectiva o está disponible. Y la ayuda más común de la ley de la Dependencia en la actualidad es la prestación de cuidados en el entorno familiar. Eso supone que las familias reciben o unos 150 euros, si el familiar está valorado con grado 1 de Dependencia; 260 si es grado 2; o 380 si es grado 3. Así, son las mujeres quienes sostienen el sistema de la Dependencia.

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