Los 2.000 días de "pesadilla judicial" del caso Alquería llegan a su fin
La Fiscalía Anticorrupción desiste de acudir al Supremo y el tribunal declara firme la absolución a Jorge Rodríguez y otros 13 cargos
«Fin de la pesadilla» para los 14 acusados del caso Alquería. El Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana ha declarado firme la sentencia de absolución del expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y otros 13 cargos de la institución, por las supuestas irregularidades en la contratación de directivos de Divalterra. El tribunal ha procedido así toda vez que han transcurrido los plazos legales sin que la sentencia haya sido recurrida en casación ante el Supremo.
El pasado mes de mayo, días después de las elecciones municipales y autonómicas, se conoció el fallo que absolvía a los acusados. La Fiscalía Anticorrupción recurrió el fallo. El TSJ lo rechazó, y ahora es el ministerio fiscal el que ha desistido y renuncia a acudir al Tribunal Supremo con un recurso de casación.
Jorge Rodríguez y los otros 13 acusados -entre ellos dos exgerentes y la exvicegerente de Divalterra y tres antiguos asesores del primero- fueron absueltos por la Audiencia al no ver delito en su actuación en relación con las contrataciones de altos directivos en la citada empresa pública entre 2015 y 2018 para favorecer a personas afines a PSPV y Compromís: ni prevaricación administrativa, ni malversación de caudales públicos ni falsedad documental. Los siete acusados restantes son los altos directivos contratados para la mercantil. Rodríguez se enfrentaba a una petición de ocho años de prisión por parte de las acusaciones (Fiscalía, Acción Cívica y PP).
Las acusaciones también solicitaban ocho años de cárcel para el que fuera su jefe de gabinete, Ricard Gallego; para el asesor Manuel Reguart y para los dos exgerentes de Divalterra, Agustina Brines (por Compromís) y José Ramón Tiller, por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial. Todo eso terminó ayer, 2.028 días después de las detenciones.
«Acaba una pesadilla»
«Para nosotros acaba una pesadilla. Y, lo más importante, es un caso que nunca debió producirse: solo ha generado dolor y un elevado coste personal y reputacional innecesario a la diputación, así como un coste económico incalculable a la administración», expresó a este diario el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez.
«El caso ha acabado confirmando todos los argumentos que hemos defendido. Las contrataciones se produjeron legalmente o al menos con los informes legales necesarios», explican desde el entorno del dirigente, además de que la voluntad de toda la gente que impulsaba la nueva etapa política era poner en marcha la empresa. «El sistema de gobernanza era el adecuado, porque la consecuencia de acabar con ese sistema fue el cierre de la empresa», apuntan. Y añaden: «Este caso provocó el efecto contrario: cerrar la empresa y tener que asumir 500 trabajadores en la diputación».
Junto a las consecuencias personales, administrativas e institucionales, el proceso supuso un auténtico shock político cuyas consecuencias se han extendido en el tiempo. La expulsión de Rodríguez del PSPV motivó no solo la creación de un nuevo partido en Ontinyent, Ens Uneix, sino un enfrentamiento con el PSPV que ha terminado con los socialistas fuera del gobierno de la corporación al pactar Ens Uneix con el PP.
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