Infancia revisa la documentación de 65 familias de acogida para ver si son "aptas"

El servicio de Protección a la Infancia y Adolescencia les ha enviado una carta en la que les requiere una serie de documentación (que ya entregaron en su día) para convertirse en la familia de acogida de quien ya forma parte de sus hogares desde hace años. El objetivo es volver a conseguir "la declaración de aptitud" que les concedieron en su día. Y las familias afectadas se muestran contrariadas ante un sistema que de control que se centra en recopilar y presentar una documentación para que la revisen desde la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.

"No entendemos este sistema de control. Si tienen dudas o quieren realizar un seguimiento o control, lo lógico es visitar a la familia, ver cómo se encuentra el menor. Así se ve enseguida si somos o no aptas. Pero, en ningún caso, exigirnos una serie de documentación que no es sencilla de conseguir, que implica un tiempo para presentar y que, encima, ya hemos presentado. Estaría bastante bien que preguntaran y se interesaran por las necesidades que tenemos las familias de acogida, que son muchas. Cuanto más, aquellas que tenemos en acogida a menores con discapacidad", explican las familias afectadas.

Según datos de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, en la Comunitat Valenciana hay 65 familias que tienen en acogida a menores con necesidades especiales. Desde la Administración aseguran que la carta enviada a las familias ·responde a un decreto que pone en orden el acogimiento familiar realizado pro el Botànic. En ese decreto "se marca que al duración de la declaración de aptitud para acoger tendrá una vigencia de tres años y será revisada durante ese periodo cada vez que concurra alguna circunstancia que afecte a la misma". "Por ello, y como consecuencia de la proximidad de la pérdida de la vigencia de la declaración de aptitud para acoger de las familias educadoras declaradas aptas con anterioridad a la entrada en vigor del referido decreto se le requiere la documentación pertinente para su revisión", explica la misiva.

Entre los documentos exigidos que más critican las familias están los certificados negativos del "registro central de delincuentes sexuales de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 14 años; el registro central para la protección de víctimas de violencia doméstica o de género; y el registro central de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes". Las familias aseguran que "ya que es una documentación que se puede solicitar entre administraciones sería más lógico que la solicitaran ellos. Podríamos entender que pidieran permiso o autorización para recabar eso informes y controlar a las familias, pero tenemos tantas obligaciones que invertir nuestros esfuerzos en más burocracia para demostrar que seguimos siendo aptos para cuidar a quienes cuidamos desde hace años es desesperante".

Más papeles y un curso de formación

Fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda explican que la carta y la documentación exigida "es un mero trámite" al que obliga el decreto aprobado en mayo de 2023 y que modifica los requisitos de cualificación, formación específica y experiencia necesaria para la realización de acogimientos familiares de carácter especializado. El gobierno del Botànic aseguró que modificaba la normativa autonómica para adaptarla a la estatal. Entre las modificaciones que registraba el decreto figura que las familias acogedoras especializadas, además de la cualificación en el ámbito sanitario, socio comunitario y socio educativo y de los informes técnicos favorables, también deberán tener "un mínimo de 100 horas de formación específica para poder atender a niñas y niños con necesidades especiales". Sin embargo, la carta no recoge referencia alguna a estos cursos.

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