"No negamos un aumento salarial pero se negocia en los despachos, no en la calle"

Uno de los primeros anuncios del Botànic fue convertir Servicios Sociales en la "cuarta pata del Estado de Bienestar", a la misma altura que Sanidad y Educación. Ocho años después este plan comenzó a materializarse a través de una equiparación salarial de las plantillas tras una larga negociación con los sindicatos y con la patronal del sector. Eso implicaba aumentar el salario de 15.000 profesionales para que, por ejemplo, una enfermera con contrato en una residencia de mayores (pública pero de gestión privada) cobrara el mismo salario que una que trabaja en un hospital. Se consignó presupuesto (50 millones de euros) y se firmó un acuerdo que contemplaba la subida salarial y una hoja de ruta para hacerla posible entre 2023 y 2026, tablas salariales incluidas. El acuerdo se publicó una semana después de las elecciones autonómicas del 28M que supuso el fin del Botànic y el principio de una legislatura gobernada por PP y Vox en la Comunitat Valenciana. Y aquel acuerdo, incumplido ahora por la Conselleria de Servicios Sociales, es el principal motivo de la manifestación convocada para hoy por los principales sindicatos (UGT y CC OO) bajo el lema "¡Contra el desmantelamiento, abandono y maltrato del sistema público de Servicios Sociales!".

El Director general del Sistema Sociosanitario, José Vicente Anaya, reconoce que "hay que mejorar los salarios" pero le recuerda a los sindicatos "que no estamos dispuestos a negociar con pancartas. Nosotros negociamos en los despachos, no en la calle". Es más, para Anaya, el documento firmado con el Botànic "era un acuerdo de intenciones para intentar mejorar lo que los sindicatos proponían. Pero nunca se llevó a cabo. Tuvieron 8 años para hacerlo y no lo hicieron; y ahora nosotros debemos priorizar las necesidades. Nosotros llegamos y nos encontramos una deuda inmesa con las empresas que gestionan el sector. Había empresas que no cobraban desde 2018. Así que, en 7 meses, hemos realizado un incremento del 8,7 % en el módulo de la acción concertada para 2024 (que estaba sin cambios desde 2021), y hemos pagado 90 millones de euros de deuda contraída con las empresas durante años. Nos hemos preocupado y ocupado de mejorar las cuentas de las empresas que son las que les pagan los salarios a los trabajadores. El Consell no paga a las plantillas. Por eso nos hemos preocupado de que las empresas, que son las que pagan salarios, estén al día".

Desde los sindicatos, sin embargo, se niegan a dejar que el acuerdo firmado se convierta en papel mojado y exigen al Gobierno de Carlos Mazón que "rectifique y priorice las políticas a favor de las personas más vulnerables de la sociedad, cumpliendo lo acordado" ya que estos pactos incluían, entre otras cuestiones, "la dignificación y la homologación salarial y de jornada del personal de los centros de la acción concertada y de los centros de titularidad pública y gestión privada, con el personal público" y estos incumplimientos "ponen en peligro la continuidad del sector". Por ello critican que se "hayan desviado los fondos presupuestarios ya consignados en el año 2023 -en relación a los 50 millones de euros consignados para la homologación salarial de las plantillas-, y no ha provisionado recursos suficientes para cumplir el acuerdo en los presupuestos de 2024". Anaya, por su parte, les emplaza a pactar mejoras salariales mediante la negociación de un convenio colectivo único para el sector "en lugar de tener varios convenios que se han negociado cada uno por su lado".

Licitaciones pendientes

El otro punto de desencuentro se centra en las licitaciones que están pendientes de centros de titularidad pública que gestionan empresas privadas. Los sindicatos afirman que la Conselleria "tiene retenidas las licitaciones, lo que implica que no hay homologación ni incrementos salariales. De hecho, al no sacar las licitaciones se dejan sin efecto también las mejoras en la calidad del servicio que prevén estos acuerdos, como el aumento de ratios de personal o las obligaciones a cumplir por las empresas". Desde la conselleria, por su parte, argumentan que "las licitaciones están pendientes de la modificación del decreto de tipologías". "No podemos sacar a licitación unos pliegos para renovar las licitaciones si no ponemos en orden el decreto de tipologías, que es donde se regulan las características de cada uno de los recursos (ratios, personal...) Para mejorar el decreto hemos iniciado la escucha activa de todas las partes y una vez pongamos en orden el decreto de tipologías podremos renovar las licitaciones".

Los sindicatos, por su parte, movilizan a los trabajadores implicados y lamentan el incumplimiento de unos acuerdos pactados con todas las partes que forman parte del sector y que tuvo un difícil y largo proceso de negociación.

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