Igualdad denuncia unas 2.400 facturas sin pagar del Botànic que suben a 100 millones

Más de 2.400 facturas sin pagar y 106 millones de euros en deuda. Esa la «herencia» que afirman haber encontrado en los cajones de la Conselleria de Igualdad sus nuevos responsables. Dentro de la caja que dejó el Botànic hay recibos sin abonar que se remontan al año 2018, tal como desvelaban ayer desde el departamento que dirige la vicepresidenta del Consell y titular del área, Susana Camarero.

Fuentes de Conselleria subrayan que el anterior tripartito de izquierdas dejó a deber 60 millones de euros en ‘enriquecimiento injusto’, situación a la que se llega cuando un centro concertado debe seguir funcionando aunque se haya quedado sin contrato y sin cobrar, mientras se tramita el nuevo documento. Además, remarcan que hay unos 46 millones más en deuda por gastos corrientes o gestiones de las residencias.

«Dejaron abandonadas las residencias de ancianos, los centros de menores o discapacitados o los Centros Mujer 24 h», critican las mismas fuentes. Reivindican que los perjudicados no solo son las entidades y los trabajadores, sino también «los usuarios más vulnerables». Levante-EMV intentó ayer recabar la versión de Compromís, responsable de la parcela de Igualdad y Políticas Inclusivas en los dos mandatos del Botànic, sin éxito de momento. 

El Botànic solo construyó una residencia pública de las 100 previstas para 2025

Esta situación en las cuentas de Conselleria ha provocado que Camarero anunciara un plan de choque para el pago de esta deuda, que primero presentó a los sindicatos. Este plan de choque ha supuesto recortar 40 millones de euros que el Botànic había reservado para una subida salarial de los trabajadores de centros de día y residencias y dedicarlos a la deuda, y le han valido a la consellera las primeras protestas de trabajadores.

El objetivo de Igualdad es priorizar el pago de la deuda para que las entidades funcionen correctamente. De hecho, la empresa más grande del sector, la Fundación Diagrama, anunció recientemente que solo podía pagar el 30 % de la nómina de 500 trabajadores por estos retrasos de Igualdad en los pagos. Las entidades más pequeñas, con menos músculo financiero, son las que más suelen sufrir en estos casos.

Reconocimiento de la inflación

El plan de choque contempla la subida de gastos generales y corrientes provocada por la inflación para los centros en enriquecimiento injusto e Igualdad asegura que lo compensará, todo con el objetivo de "garantizar la calidad y el servicio que se le presta a los usuarios".

Por otro lado, en 2024 Igualdad asegura que va a incrementar el módulo del precio de las plazas por día para "continuar con el compromiso de Conselleria con las entidades, garantizar la calidad de los servicios y ofrecer seguridad laboral a los trabajadores y trabajadoras".

Ante esta situación, desde la Vicepresidencia segunda se está trabajando desde dos vertientes para buscar la mejor solución tanto para los trabajadores y trabajadoras de las entidades perjudicadas por la mala gestión del anterior Consell, como por garantizar la continuidad de las entidades ahogadas por los impagos. 

Un total de 84 municipios están afectados por la falta de residencias y centros de día

Según ha publicado este periódico, muchos centros de día y residencia estaban en situación de enriquecimiento injusto y acababan con impagos recurrentes a sus trabajadores. Esta situación se da porque, en enriquecimiento injusto, la administración debe pagar con facturas que van, una a una aprobándose, lo que hace el sistema mucho más lento y farragoso hasta el punto de que era muy habitual que los pagos se retrasaran varios meses.

La anterior conselleria de Igualdad dirigida por Mónica Oltra y después por Aitana Más (Compromís) dedicó varios años a cambiar el sistema de licitación para crear un contrato programa más largo para que las entidades no tuvieran que contratar y despedir a los trabajadores cada año y que además agilizara las licencias para muchas entidades. Por eso -según explicaban entonces- dejaron a tantas en enriquecimiento injusto en vistas a aprobar el programa y firmar el nuevo contrato. Finalmente, esta reforma del sistema se eternizó y nunca se llegó a aprobar.

Estos son los municipios en los que se paraliza la construcción de residencias proyectadas por el Botànic

Golpe de timón

Una de las primeras decisiones de calado de Susana Camarero (PP) al llegar a la Conselleria de Igualdad ha sido poner el freno al Plan Convivint, que preveía la construcción de 247 residencias y centros de día hasta 2025. Camarero quiere revisar caso a caso las licitaciones, ya que considera que hay muchas desproporcionadas y que no se corresponden con el proyecto.

Esta decisión afectará a 217 infraestructuras en 85 municipios, ya que 12 obras del Plan Convivint estaban acabadas y 18 en obras que se terminarán. Camarero ha asegurado que esta decisión no supone suprimir el plan, sino revisarlo para ajustar bien la inversión antes de pasar el presupuesto a los ayuntamientos. Fuentes de Compromís califican esta decisión de "recortes encubiertos" y vaticinan que no se construirán las residencias y centros como la consellera ha prometido.

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