Ampas, sindicatos y oposición cargan contra la nueva ley educativa de PP y Vox: "busca la desaparición del valenciano"

"Libertad no es imponer la desaparición del valenciano como lengua". Así de contundente se ha manifestado este viernes Rubén Pacheco, presidente de la confederación de Ampas Gonzalo Anaya, en una protesta a las puertas de Conselleria de Educación acompañado de sindicatos y los partidos de la oposición.

La concentración se había convocado inicialmente para denunciar la "paralización" del plan Edificant para la construcción de centros educativos, pero la presentación ayer de la ley de libertad educativa ha provocado una oleada de críticas contra el Consell. La ley, que es una enmienda a la totalidad de la política educativa del anterior gobierno progresista, recoge la vuelta de las dos líneas en valenciano y castellano, la eliminación parcial del requisito lingüístico y más facilidades para la exención de la asignatura de valenciano, entre muchas otras medidas.

Para Pacheco, la ley será difícil de implantar en los centros porque "no hay un centro educativo que se pueda organizar teniendo que cambiar la lengua base cada dos por tres y en cada curso, y menos con las plantillas actuales". Las Ampas lamentan que esta legislación "divide, confronta y quiere minorizar más el valenciano".

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La ley de libertad educativa contempla la eliminación del requisito lingüístico solo en las especialidades de FP y en los conservatorios. Las Ampas consideran que esta medida es el "caballo de Troya" para eliminar el requisito lingüístico en todas las titulaciones.

El Stepv, sindicato mayoritario entre los docentes, considera que esta ley es "el peor ataque al valenciano en la enseñanza" y afirma que se trata de una "imposición del castellano en todo el sistema educativo".

190 millones paralizados

Varios diputados de la oposición como Gerard Fullana de Compromís, o José Luis Lorenz del PSPV, también han asistido a la concentración. Fullana ha denunciado que "hay 22 ayuntamientos y 43 centros con las obras del plan Edificant paralizadas. En total son 190 millones de inversión para construir colegios que no se están ejecutando", ha criticado.

Unos 15 centros son los delegados por la exconsellera Raquel Tamarit cuando estaba en funciones, paralizados por Conselleria al considerar la decisión "ilegal". El resto de centros están afectados por otra decisión del departamento de Campanar, que está pidiendo a los ayuntamientos que paguen las modificaciones de presupuesto si la obra se encarece (algo muy habitual, y más aún por la inflación). Uno de estos centros paralizados es el Centro de FP proyectado en Gandía, que lleva varios años de tramitación, pero ahora se ha quedado en stand-by.

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"Es la primera ley educativa aprobada en que no tiene ni un argumento pedagógico en sus 32 páginas. En realidad es una suerte de equilibrios con la extrema derecha", critica Fullana

Ayuntamientos afectados

José Luis Lorenz, del PSPV, ha criticado que Educación haya recortado un 40 % este año el dinero para construir colegios, unos 122 millones en total. "Supone para muchos centros no continuar un trabajo que llevaban haciendo 4 o 5 años. No es una cuestión política, es cuestión de niños y niñas que necesitan infraestructuras de calidad", ha apuntado Lorenza.

Nicolau Claramunt, alcalde de Albalat dels Sorells, ha acudido a la concentración como uno de los afectados por la paralización del plan edificant. "Llevamos 8 años detrás el edificant, el colegio tiene 45 años y es la primera gran reforma que se le hace. Los cuartos de baño están que se caen, hay goteras en el techo y hace poco nos gastamos 4.000 euros en arreglar una salida de agua porque es un edificio viejo y necesita arreglos. Hay que cambiar las puertas, el mobiliario... Aquí la única lesividad que hay es la de los niños y niñas que no van a tener un colegio en condiciones", ha criticado.

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Pachecho ha explicado que la lentitud era la principal crítica que se le podía hacer al plan Edificant durante la etapa del Botànic, por eso pide más agilización de trámites. "Ahora todos estos centros, que ya llevaban 5 o 6 años aportando documentos explicando la necesidad de las obras van a tener que reiniciar todo. Aún tenemos proyectos de la etapa anterior que hace 25 años que están en proyecto. Gente que llevó a sus hijos a una escuela temporal y que los hijos de sus hijos les siguen llevando ahí porque la escuela definitiva no está edificada. No queremos que vuelvan a pasar cosas como estas que nos parecen muy vergonzosas", cuenta Pacheco.