Riba-roja prepara medio millón de metros cuadrados para uso industrial

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria aprobó la semana pasada cerrar el expediente del Programa de Actuación Integrada (PAI) de la Pedrera, iniciado en 2009 y suspendido por la Generalitat tras varios requerimientos y objeciones formuladas al plan. Se buscaba convertir suelo rústico a industrial a través de una reclasificación de ese suelo no urbanizable de 191.394 metros cuadrados para poder expandir el área industrial del municipio. Ante ese carpetazo al proyecto iniciado por el PP, tras 15 años de burocracia, el consistorio abandona y cierra este episodio pero abre uno nuevo: la ampliación del suelo industrial del municipio en la zona sur del polígono Entrevies, entre Peyland y la cantera La Pedrera. 

Allí, el consistorio busca expandir y dotar de más suelo para empresas al municipio. Preguntado por este diario, el alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, explica que se buscan entre 400.000 y 500.000 metros cuadrados para crear un nuevo sector industrial en el municipio, ya que la demanda de suelo no deja de crecer al haberse consolidado como un polo logístico entre la A-7 y la A-3.

«El cierre del expediente del PAI de la Pedrera es muy negativo; la resolución del PAI es fruto de la inoperancia del PP, donde se pedía cambiar suelo rústico a industrial, previsto en el Plan General de Ordenación Urbana, y había grandes empresas que querían ampliar sus instalaciones, explica. Sin embargo, no se puso en marcha los trámites «y nosotros hemos tenido que caducar el programa, que vuelve a ser suelo rústico, por eso tenemos que trabajar en nuevas zonas de uso industrial», concreta. 

La empresa promotora del PAI de 2009 solicita ahora que se devuelva el depósito de garantía que asciende a 204.000 euros

La decisión final de desistimiento del viejo PAI se llevó a cabo con los votos a favor de todos los partidos en el pleno. Ahora, el ayuntamiento notificará ese acuerdo plenario a la única empresa aspirante a la condición de agente urbanizador en el citado programa urbanístico. 

Plan parcial correspondiente

La Generalitat ya formuló sus objeciones en 2011, dos años después de que el consistorio que entonces gobernaba el popular Francisco Tarazona iniciara el expediente, donde se incorporaba el documento justificativo y un plan parcial para su desarrollo al mismo tiempo que se designaba la empresa encargada de la urbanización de la zona en la que estaba incluido este plan. El ayuntamiento redactaba el resto de documentos necesarios para la aprobación definitiva del programa, es decir, la homologación y el plan parcial correspondiente. 

Sin embargo, la Generalitat remitió un documento oficial sobre las carencias que impedían la aprobación definitiva del documento que, previamente, había entregado el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria a instancias de la empresa promotora del proyecto urbanístico e instaba a la administración local a subsanarlas, algo que no se produjo. Estaban centradas en la revisión del PGOU ya que el plan parcial afectaba a directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y el sometimiento del programa a evaluación ambiental estratégica. 

Ahora, la empresa promotora del PAI solicita la devolución de la garantía económica que se depositó entonces y que asciende a 204.000 euros.