Los municipios tienen un año para separar la tasa de basuras del resto de impuestos

Los ayuntamientos valencianos tienen un nuevo reto por delante en materia de residuos. Antes del 8 de abril de 2025, las entidades locales deberán establecer una tasa concreta que refleje los costes reales de la gestión de residuos, y que deberá estar separada del resto de impuestos y recibos que los contribuyentes abonan en sus hogares o negocios. 

La Ley 7/2022 del 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, entró en vigor el año pasado y dio un periodo de tres años para que las entidades locales pudieran adaptarse a esta nueva exigencia, que clarifica el precio del servicio. En concreto, la normativa explica que la tasa deberá ser «específica», solo para residuos, y además será «no deficitaria». Tendrá un coste total nunca menor al precio de la gestión de los residuos que se realiza, y se incluirá la recogida, el transporte, el tratamiento de residuos, la vigilancia, las campañas de comunicación y los ingresos por la venta de los materiales recuperados así como la energía que se genere de ellos. 

Además, se pasará el recibo a unidades fiscales, es decir, no pagará lo mismo un ciudadano que un establecimiento, ya que habrá un baremo que dictaminará cuánto pagar en función de cuánto se genere. 

El subdirector de Imedes, Jorge Anento, explica que hoy en día esos costes están integrados en otros recibos, como en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de cada vivienda, o en el agua, de manera que no puede diferenciarse el coste real. «Ahora tendrá que ser exclusiva y no deficitaria: si generas 100, pagarás esa cantidad, debe ser justa», señala Anento. 

La norma también prevé que se haga un censo de instalaciones con amianto así como un calendario de retirada

Además, añade que esa tasa tiene que recoger el coste de todas las fracciones de residuos, ya que la recogida separada es otra de las obligaciones que se recogen en la norma estatal y que se ha ido implementando poco a poco en todos los municipios. Las entidades locales establecerán la recogida separada de, al menos, el papel, metal, plásticos, biorresiduos, residuos textiles, aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos, los residuos voluminosos y otras fracciones determinadas. El contenedor de textil tendrá que estar distribuido en las calles de los municipios antes de que termine este año, por lo que se suma al más novedoso: el marrón de residuos biodegradables.

Además, se suma otra obligación: las entidades locales deberán informar anualmente de los residuos que recogen, por flujos, de las instalaciones que gestionan y de sus procesos internos, así como del destino final de todos esos residuos. En estos momentos, la información sobre las toneladas de residuos tratados en la Comunitat Valenciana no está disponible en el portal web. 

Tres facturas repercutidas

Esta nueva tasa financiará el proceso que va desde el camión a la planta de tratamiento, pero existen otros dos. Uno es, precisamente, el coste de ese tratamiento que llevan a cabo los consorcios de residuos que repercuten el coste de su trabajo en la ciudadanía a través de los ayuntamientos, a quienes dan servicio. Ese impuesto se mantendrá igual y se pagará ahora el de la recogida de los residuos.

Hay una tercera factura que solo se le repercute a los ayuntamientos, también a través de esos consorcios, conocida como el impuesto de vertido. «Por todo lo que el ayuntamiento no puede separar y tratar adecuadamente y tiene que ir a un vertedero, se le cobrará a 30 euros la tonelada, gestionado a través del Ministerio de Hacienda y los consorcios, que se lo repercutirán a cada ayuntamiento», explica el subdirector de Imedes. 

En la legislación, el artículo 84 es claro: «La finalidad del impuesto es desincentivar el depósito de residuos en vertedero, la incineración y la coincineración», y explica que si son rechazos de residuos municipales serán 30 euros por tonelada métrica. 

La ley incluye también la obligación de hacer «un censo de las instalaciones con amianto así como un calendario para su retirada», que deberá ser público y remitido a las autoridades sanitarias.

Ordenanzas fiscales

Con la aplicación de esta nueva normativa en menos de un año, surgen dudas respecto a cómo los ayuntamientos van a poder realizar esta separación de la tasa. Lo habitual, según el experto de Imedes que han asesorado a diversas entidades como consistorios y mancomunidades, es hacerlo a través de una ordenanza fiscal. Un trabajo que deberán hacer antes del 8 de abril del próximo año, tal como han tenido que organizarse para redactar los distintos planes contra incendios o inundaciones. 

Para hacer estos deberes, como ya ha sucedido anteriormente, tanto los consorcios como la Diputación de València, podrían prestar su ayuda técnica a los municipios más pequeños que carecen de personal especializado en estas materias. De no hacerlo, las entidades locales podrían ser sancionadas.