El retraso del Imserso amenaza miles de empleos valencianos fuera de los hoteles
Los empresarios turísticos aseguran que la demora del programa público también derivará en una falta de actividad en establecimientos que van desde la restauración a los comercios o los proveedores
El programa del Imserso se enfrenta a un otoño-invierno de previsible falta de actividad. Los recursos presentados tanto por Soltour (Grupo Piñero) como por Mundiplan (UTE formada por Iberia, Alsa e lG7) contra la decisión de adjudicar el lote 1 -el de costa peninsular- a Avoris (grupo Barceló) ha encendido todas las alarmas del sector turístico de la Comunitat Valenciana.
Los más perjudicados por esta indecisión, más allá de los propios usuarios del programa, son los hoteles que en municipios que van desde Gandia a Benicassim, pasando por Torrevieja o Peñíscola, fían buena parte de su éxito fuera del periodo estival a los viajes de esta iniciativa pública. Por eso, este lunes la consellera Nuria Montes ya avisaba del lanzamiento de un plan de ayudas de cerca de 3 millones de euros para este tipo de establecimientos, que se traducirá previsiblemente en un complemento de seis euros por día y habitación siguiendo la línea lanzada el pasado año. Sin embargo, más allá del caso de los hoteles, son muchas las empresas y los trabajadores que dependen indirectamente del buen ritmo del Imserso.
Lo reconoce así Luis Martí, presidente de la Confederación de Empresarios Turísticos de la Comunitat Valenciana (CET-CV), quien explica que más allá de su vocación social, "la razón de ser del Imserso es fomentar el empleo en las zonas a las que los visitantes van, desde el comercio a la restauración". Por eso, si los trayectos seniors del Imserso "no arrancan, habrá cierre de establecimientos y despidos, porque no compensará seguir abiertos en inviernos". "Hay miles de puestos de trabajo que con un retraso se van a perder", alerta sobre los problemas de una iniciativa pública cuyos inconvenientes "vienen siendo recurrentes".
Dificultad para las ayudas
En su caso, a diferencia de lo que sucede con los hoteles, Martí señala que el coste de la actividad no lo marca el propio programa al llegar el visitante con un régimen de pensión completa, sino que son las propias tiendas o restaurantes las que deciden sus precios, pudiéndolos adaptar a situaciones como una subida inflacionaria.
Ese hecho, no obstante, acaba siendo un arma de doble filo en caso de un retraso como el actual, ya que como sintetiza ese mismo hecho de libertad de precios hace mucho más difícil acreditar el perjuicio económico por la falta de estos clientes mayores. Y, sin ese cálculo, "no hay una justificación para poder pedir ayudas". De momento, concluye Martí, muchos de estos empresarios de la cadena de valor se encuentran "a la espera de ver cómo acaba todo esto".
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