Los sindicatos han elegido el próximo miércoles 14 de noviembre para convocar la novena huelga general de España desde el inicio de la democracia. Quieren demostrar al Gobierno central que una parte de la sociedad está en contra de sus políticas de recortes y ajustes y exigen alternativas a la doctrina de la austeridad y del estricto control del déficit ante la gravedad de la crisis económica. El paro se ha disparado hasta el 25 % de la población activa y más de un millón setecientas mil familias tienen a todos sus miembros desocupados en España. La nueva movilización de las centrales mayoritarias UGT y Comisiones Obreras —la central de funcionarios CSI·F tampoco acepta esta vez sumarse a la convocatoria— coincide con las previstas también en Italia, Portugal y Grecia, países estos últimos cuyos trabajadores ya están acostumbrados a salir a la calle durante la larga recesión que azota al Viejo Continente y ha dejado ya a sus territorios con más de 24 millones de personas sin puestos de trabajo.
Con las habituales discrepancias en los servicios mínimos que deberán respetarse en los principales sectores, el reto de los organizadores será superar la participación de las anteriores huelgas generales. La del 29M tuvo escaso seguimiento en el transporte y el comercio, aunque algo mayor en las grandes empresas industriales y del metal. El respaldo a la octava huelga general desde 1978 fue desigual según los sectores, la zona de España y el tamaño de los núcleos urbanos. Sin duda, hubo menor participación respecto a la del 29 de septiembre de 2010, en tiempos de Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo.
Las razones esgrimidas por las centrales sindicales para volver a salir a la calle se fundamentan sobre todo en la negativa del Gobierno a rectificar aspectos de la reforma laboral tras la aprobación del decreto ley. Mientras crece el paro, UGT y Comisiones Obreras no quieren que disminuyan las prestaciones por desempleo, que aumente la exclusión social o la emigración entre los jóvenes, con índices de desocupación superiores al 52 % entre los menores de 25 años.
Los recortes en educación, el incremento de las tasas universitarias, la reducción de las becas o del presupuesto para I+D, así como los ajustes educativos que propone el Ejecutivo de Rajoy aumentan los argumentos sindicales para realizar el 14N. También la introducción de los copagos sanitarios en algunas autonomías han encendido las alarmas de los representanes de los trabajadores. Además, critican el retraso en la aplicación de la Ley de Dependencia, que ha dejado a miles de personas sin la atención requeridas y a los trabajadores de centros sociales sin poder cobrar sus nóminas.
Respuesta patronal
Mientras los sindicatos calientan motores, CEOE y Cepyme han distribuido esta semana pasada un documento de observaciones y recomendaciones entre sus organizaciones de cara la huelga general. Proponen que la actitud de los empresarios «no sea pasiva ante la convocatoria» del 14N. Las patronales recuerdan que la dirección de la empresa, en colaboración con los representantes de los trabajadores, habrá de designar las personas precisas para cubrir los servicios mínimos. Y avisan de que «en el supuesto de falta de cooperación de los representantes de los trabajadores, circunstancia de la que debería quedar constancia, podrá hacerse la designación directamente a través de la dirección de la compañía».
Por su parte, el Gobierno piensa que la celebración de una huelga general no conviene a la situación actual de España. El Ejecutivo del Partido Popular es consciente de los «muchos sacrificios», según fuentes de Moncloa, que están asumiendo los españoles para superar la crisis económica que vive el país, pero consideran que la protesta llega en el peor momento. El PP rechaza de plano la celebración de la huelga general, tal como se posicionó en contra cuando estuvo lejos del Gobierno durante el 29S de 2010.
Cinco mil convenios pendientes
Roto el diálogo social, el atasco en la negociación colectiva es monumental y el repunte de la litigiosidad, sobre todo en cuestiones relacionadas con la inaplicación de convenios o descuelgues, lejos de disminuir, se ha visto incrementado con la reforma laboral del equipo de Mariano Rajoy. La manera de evitar la huelga, según los sindicatos, sería negociar los alrededor de 5.000 convenios colectivos que aún quedan por resolver este año, frente a los menos de 1.000 en los que se ha alcanzado un pacto, explican fuentes de UGT y de Comisiones Obreras. «No sólo es un huelga contra la política del Gobierno, sino también contra la patronal porque está bloqueando la negociación colectiva» y porque lleva a cabo una «reducción real» de los salarios de los trabajadores.
En medio de la crisis, las nóminas se congelan, disminuyen o como mucho crecen por debajo del nivel de los precios. La subida salarial media pactada en convenio se situó en el 1,30 % hasta septiembre, más de dos puntos por debajo de la tasa de inflación interanual del mismo mes (3,4%), según los últimos datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Esta contención de los salarios se observa en la evolución de todo tipo de convenios. En los de ámbito superior a la empresa, la mejora salarial media fue del 1,27 % hasta agosto, frente al 1,44 % de agosto y el 2,69 % de un año antes. Por su parte, el aumento registrado en los convenios de empresa se situó hasta septiembre en el 1,59 %, frente al 1,66 % del mes anterior y del 1,77 % de septiembre de 2011.
Servicios mínimos
La clave para conocer el resultado de la nueva movilización será el grado de cumplimiento de los servicios mínimos. El Ministerio de Fomento y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han conseguido, al menos por el momento, un acuerdo para la determinación de la oferta de transporte para la huelga. En cercanías se han acordado unos servicios mínimos de un tercio de los servicios de un día normal, y de un 35 % las circulaciones entre las 6 y las 9 horas. En larga distancia, se incluyen como servicios mínimos los servicios de alta velocidad en aquellos trayectos de distancias superiores a los 500 kilómetros o aquellos con una duración estimada de viaje, por medios alternativos de transporte, que sea superior a las cuatro horas. El porcentaje de servicios mínimos acordado, en líneas generales, es del 20 % respecto a un día normal.
Labor de los piquetes
Los dirigentes sindicales consideran que el papel de los «piquetes informativos» será «clave» para contrarrestar la presión de la empresa sobre los trabajadores. La figura del piquete resulta esencial para los convocantes de la huelga. «Su labor es informativa, estando prohibidas las amenazas a los empleados que opten libremente por trabajar. Las personas en huelga podrán efectuar publicidad de la misma, en forma pacífica, y llevar a efecto recogida de fondos sin coacción alguna», recoge el decreto de 1977.
El marco legal, además, garantiza una serie de derechos y deberes a partidarios y detractores de la huelga general. Pese a la falta de regulación posterior, la Constitución define que la huelga es un derecho fundamental del trabajador «para la defensa de sus intereses». Además, la legislación de 1977 garantiza que «se respetará la libertad de trabajo de aquellos trabajadores que no quisieran sumarse a la huelga».
La ley de la Generalitat rompe el diálogo social
Los nuevos recortes presupuestarios de la Generalitat para 2013, los pagos pendientes de las conselleries y las nuevas oleadas de despidos en el sector público a través de expedientes de regulación de empleo (ERE) aumenta el malestar social en la Comunitat Valencia. Con todo, el proyecto de ley de participación institucional para los agentes sociales, que pretende acabar con el mercadeo de ayudas para la formación profesional, fue el detonante que precipitó la ruptura del diálogo social entre el Ejecutivo de Alberto Fabra, la patronal autonómica Cierval y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras a principios de este año. Tanto el dirigente patronal (José Vicente González), como Paco Molina (CC OO-PV) y Conrado Hernández (UGT-PV), han criticado abiertamente el giro copernicano del Consell en estos tiempos de recortes y sostienen que rompe lo contemplado en el pacto tripartido por el crecimiento y el empleo (Pavace), ahora en fase de extinción. Este giro radical en el reparto de subvenciones sostenidas con fondos de la Unión Europea para los representantes de los trabajadores y de los empresarios —a partir de 2013 sólo tendrá un 30 % de las ayudas de forma directa según su representatividad, mientras que el 70 % se repartirán en función del grado de inserción laboral de los parados que asistan a cursos— aleja cada vez más la posibilidad de retomar el diálogo social entre la Generalitat y los agentes sociales. J. L. Z. VALENCIA
